El juez Bates aceptó que Blasket tiene derecho a buscar activos embargables de España, porque cuenta con una sentencia favorable en Estados Unidos por más de 47 millones de dólares. Pero también trazó una frontera: la Selección y la Real Federación Española de Fútbol no pueden ser tratadas como una extensión patrimonial del Gobierno. No son, según el tribunal, un “alter ego” del Estado.
La Roja esquivó en EE.UU. una ofensiva judicial vinculada a una deuda del Estado español.
FOTO: IRINA R HIPOLITO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP
Ese punto cambia el sentido de la noticia. La Roja no “pagó” ni quedó liberada de una deuda propia, porque nunca era su deuda. Lo que consiguió España fue impedir que el fondo use la estructura mundialista del equipo nacional como puerta de entrada para perseguir activos estatales. En términos políticos, el fallo evita una imagen incómoda: que la Selección campeona de Europa y candidata en el Mundial aparezca atrapada en una pelea por impagos del Gobierno.
La herencia de Rajoy que España todavía no termina de pagar
El origen del conflicto está en la reforma energética de 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque el problema venía madurando desde los ajustes previos aplicados bajo José Luis Rodríguez Zapatero. España había impulsado durante años un sistema de primas para atraer inversión en energías renovables, especialmente solar y eólica, pero la crisis económica y el déficit tarifario llevaron a recortar ese esquema.
Para numerosos inversores extranjeros, el cambio alteró las reglas bajo las cuales habían financiado proyectos en España. Muchos acudieron al Ciadi, el centro de arbitraje del Banco Mundial, amparados en el Tratado sobre la Carta de la Energía. Varios tribunales les dieron la razón y reconocieron compensaciones millonarias por el recorte retroactivo de las primas.
España sostiene desde hace años que esos laudos chocan con el derecho europeo cuando afectan a inversores de la Unión Europea, especialmente después de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contra los arbitrajes intraeuropeos. También argumenta que cualquier pago debe pasar por el filtro de Bruselas para evitar que sea considerado ayuda de Estado. Los fondos, en cambio, buscan ejecutar los laudos en jurisdicciones donde los tribunales sí están reconociendo las indemnizaciones.
Ahí aparece la dimensión política del caso. La deuda no es nueva, pero sigue creciendo con intereses, costas y litigios. Según difundió Infobae, los laudos impagados por los recortes renovables superan los 1.800 millones de euros y pueden rondar los 2.300 millones si se suman sobrecostes financieros y legales. Lo que ahora rozó a la Selección es apenas una parte de una batalla mucho más grande: España intentando resistir pagos y los fondos buscando activos por todo el mundo.
El Mundial como vidriera para cobrarle a España
El caso golpea porque muestra cómo un Mundial puede convertirse en algo más que fútbol. La Selección española mueve contratos, proveedores, hoteles, patrocinadores, logística, pagos vinculados a FIFA y una exposición internacional enorme. Para cualquier acreedor que busca cobrar una deuda soberana, ese ecosistema deja rastros económicos en países donde la Justicia puede ordenar citaciones y pedidos de documentación.
Por eso la ofensiva de Blasket era tan sensible para España. No se trataba solo de una discusión técnica sobre energías renovables, sino de evitar que la marca país quedara contaminada en plena Copa del Mundo. La imagen de La Roja compitiendo en Estados Unidos mientras un fondo rastrea activos para cobrar una deuda del Estado tenía un costo político evidente, sobre todo en una causa que arrastra decisiones de gobiernos anteriores y sigue abierta más de una década después.
El fallo de Bates le da aire a la Selección y a la RFEF, pero no cierra el frente judicial. Blasket y otros acreedores pueden seguir buscando bienes embargables del Reino de España en Estados Unidos, y el debate sobre la ejecución de los laudos todavía puede escalar. De hecho, la pelea por las renovables ya llegó a distintos tribunales internacionales y mantiene a España bajo presión en varias jurisdicciones.
La conclusión es clara: La Roja zafó, pero España no. El juez separó al equipo nacional del Estado y frenó una vía concreta de presión, aunque la factura por los recortes renovables sigue viva. En pleno Mundial 2026, el caso dejó una postal muy de época: un fondo de inversión usando la gran fiesta del fútbol para perseguir una deuda política que España todavía no logró apagar.
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