Al Masri, quién había llegado a Italia el sábado pasado en coche de alquiler desde Alemania, se alojó en un hotel de Milán. El domingo 19 de enero, por mandato de la Corte Penal Internacional tras una alerta de Interpol, la División General de Investigaciones y Operaciones Especiales, (Digos) de Turín lo arrestó, sobre la base del Tratado de Roma, firmado por Italia, por crímenes de guerra, según informó Ria News.
Al-Masri fue a la prisión de Turín, pero en menos de 24 horas fue liberado y enviado de vuelta a Libia en un avión estatal, un Falco900 usado por los Servicios Secretos, sin que Italia cumpliera con los procedimientos internacionales y sin previo aviso o consulta con la Corte.
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Osama Almasri, recibido como un héroe en Libia.
El gobierno sostiene la idea de un defecto procesal interno que prevaleció sobre los tratados internacionales. El Tribunal de Apelación de Roma no validó la detención por no haber recibido una comunicación del ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, antes de la detención, quién, habiendo recibido los documentos, no hizo ninguna solicitud formal.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi explicó que su repatriación posterior se debió "a urgentes razones de seguridad (...) vista la peligrosidad del sujeto".
El procedimiento empleado ha sido muy cuestionado, ya que Almasri no fue devuelto como un migrante cualquiera en proceso de expulsión, sino que ha recibido el tratamiento propio de una autoridad internacional, siendo acompañado a su país utilizando recursos públicos de otro Estado, en este caso los de Italia.
¿Complot judicial o pacto secreto?
El lunes Meloni explicó: "Fue liberado por orden del Tribunal de Apelación de Roma, no del Gobierno. Lo que hace el Ejecutivo es expulsarle del territorio nacional. Sobre el tema del avión, me gustaría señalar que en todos los casos de detenidos que deben ser repatriados y que se consideran peligrosos, no se utilizan vuelos regulares, también por la seguridad de los pasajeros. Es una práctica consolidada y no inventada por este Gobierno".
Asimismo, cuestionó a la CPI: "Enviaremos aclaraciones y nosotros también las pediremos. La Corte debe aclarar por qué tardó meses en emitir esta orden de detención cuando Almasri había viajado por al menos tres países europeos. Pediré aclaraciones a la Corte Internacional y espero que al menos en esto todas las fuerzas políticas quieran ayudarnos".
Además, insistió con que La Haya no hizo llegar esta orden al Ministerio de Justicia de Italia, como establece el protocolo, por lo que el Tribunal de Apelaciones de Roma decidió no convalidarla.
Este martes (28/01) en un video en Instagram en que contaba que era objeto de una investigación judicial, trató de calificar este procedimiento judicial como un intento de extorsión por parte de la justicia italiana.
Meloni consideró que se trata de una maniobra pensada estratégicamente por el abogado Luigi Li Gotti, defensor de arrepentidos de la mafia, “muy próximo” al ex primer ministro progresista Romano Prodi, y, por tanto, aseguró que continuará con este tipo de acciones siempre que lo considere apropiado.
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La oposición denuncia un acuerdo oculto entre Georgia Meloni y su homólogo libanés.
Además, arguyó que el fiscal de Roma, Francesco Lo Voi, fue el mismo fiscal involucrado en el “juicio fallido” contra el viceprimer ministro, Matteo Salvini. Salvini, quien lidera la ultraderechista Liga, fue absuelto en diciembre de los cargos de secuestro y negligencia en el cumplimiento del deber después de bloquear el atraque de un barco de rescate de migrantes de la oenegé española Open Arms en el marco de su férrea política de puertos cerrados al frente de Interior en 2019.
Por el contrario la oposición, liderada por a izquierdista Elly Schlein, sostiene que la liberación de Almasri fue una “decisión política” en un contexto de creciente relaciones bilaterales entre Italia y Libia.
"La gravísima puesta en libertad del torturador libio Almasri no es fruto de un tecnicismo ni culpa de los jueces, como quiere hacernos creer Giorgia Meloni. Esos magistrados que ella querría someter al Ejecutivo con su reforma: no, es una elección política de este Gobierno e insistiremos en pedirle cuentas".
Tras la noticia de notificación a Maloni y ministros, se aplazó la información prevista para este miércoles por el Ministro del Interior Piantedosi y el Ministro de Justicia Nordio sobre el caso Almasri. El aplazamiento fue notificado a los presidentes de la Cámara y del Senado, según Rai News.
La investigación contra Meloni agrava la tensión entre el poder ejecutivo y judicial en Italia. El año pasado varios tribunales convalidaron el arresto de los migrantes en dos de los envíos a Albania, de 17 y 8 migrantes, realizados en octubre y a principios de noviembre, alegando que ni Egipto ni Bangladés eran países seguros en su totalidad, y ahora el plan permanece suspendido a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie.
El Supremo italiano dictaminó que los jueces no pueden "reemplazar" al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre qué países son seguros, pero todavía tienen derecho a no aplicar las instrucciones del Gobierno si, en casos específicos, un estado no es seguro para una persona migrante en particular.
La discordia entre el gobierno de Meloni y la justicia italiana se deba a la falta de claridad en las políticas de la UE con respecto a que constituye un país seguro. Anna Hipper, portavoz de la Comisión Europea de Asuntos Exteriores reconoció: “No tenemos listas comunes en la UE respecto a los países seguros”. El lunes 27 de enero Meloni informó a Albania el envió de la tanda 49 inmigrantes ilegales.
El tribunal europeo programó una audiencia para febrero, cuando se espera dará una sentencia respecto al tema, según la prensa italiana.
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