Lo más grave es que muchas de ellas eran niñas de 12 y 13 años y los procedimientos se realizaron en el contexto de revisiones médicas escolares.
En algunos casos, las mujeres sí sabían que les habían colocado un dispositivo, pero no habían dado un consentimiento informado. En otros, especialmente entre las adolescentes, no sabían que se lo habían colocado y lo descubrieron posteriormente, a veces años después, al acudir al médico por dolores, sangrados, problemas ginecológicos o dificultades para quedar embarazadas.
La activista groenlandesa Naja Lyberth, una de las que hizo visible el caso, tenía 14 años cuando, según su testimonio, le colocaron un DIU durante una revisión médica sin que hubiera dado su consentimiento.
Las víctimas, que hoy son adultas, han referido a especialistas graves consecuencias para su salud, como dolores intensos, hemorragias, infecciones, lesiones y cicatrices en las trompas de Falopio y complicaciones ginecológicas. También han tenido que enfrentar operaciones para retirar los dispositivos, la extirpación del útero en algunos casos, infertilidad o dificultades posteriores para tener hijos, lo que le han provocado traumas psicológicos.
Naaja H. Nathanielsen, de Groenlandia, durante una sesión en el Salón del Folketing en Christiansborg, Copenhague, el jueves 27 de agosto de 2026. La sesión incluye una votación sobre la indemnización en el llamado «caso de la espiral». (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix vía AP)
Aana Uulat Bach, una maestra jubilada que vive en Nuuk, la capital de Groenlandia, dijo que la medida de compensación le trajo "un enorme alivio".
“Las cicatrices que llevamos dentro seguirán ahí”, dijo en una entrevista telefónica el jueves. “Pero ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante”, sentenció.
Bach, de 64 años, reveló que le colocaron un DIU cuando tenía alrededor de 13 años y que posteriormente sufrió problemas de fertilidad, incluyendo trompas de Falopio obstruidas, así como dos embarazos fuera del útero, que pueden ser potencialmente mortales.
A pesar de ello, tiene un hijo, al que describe como un “milagro”.
“Mi lucha por este caso está llegando a su fin”, dijo.
De la promesa a la reparación del daño por la anticoncepción forzada en Groenlandia
En marzo de 2024, 143 mujeres demandaron al Estado danés por las violaciones de derechos humanos derivadas de la colocación de anticonceptivos sin consentimiento. Pedían 300.000 coronas cada una.
Un año después, en diciembre de 2025, el Gobierno danés y una amplia mayoría parlamentaria alcanzaron un acuerdo político para crear un sistema de compensación de 300.000 coronas por mujer afectada. Para las 143 demandantes se planteó un mecanismo específico: en lugar de tener que solicitar la indemnización mediante el nuevo sistema, el Ministerio les ofrecería un acuerdo extrajudicial (forlig) por 300.000 coronas si cumplían los requisitos.
Hace un mes, el Gobierno de Dinamarca presentó formalmente al Parlamento el proyecto de ley que convertía ese acuerdo político en un régimen legal de compensación para todas las mujeres que cumplieran los requisitos, no solo para las 143 demandantes.
Finalmente, este jueves, el Parlamento danés aprobó definitivamente la ley, por 100 votos a favor y 10 en contra.
De acuerdo con lo que se estipula en este proyecto de ley aprobado, las mujeres que soliciten una indemnización deberán presentar una solicitud describiendo detalladamente lo sucedido, informaron las autoridades danesas.
“Sabemos que puede resultar delicado para la mujer describir lo ocurrido, pero necesitamos escuchar lo que recuerda para poder tomar una decisión en el caso”, declaró Trine Berner Madsen, funcionaria implicada en el proceso.
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