Según la empresa, aunque en los picos de producción llega a sostener una estructura de 600 operarios mediante contratos temporarios y eventuales, resulta inviable mantener la carga salarial de la dotación permanente fuera de los períodos de zafra.
Bajo el pretexto de garantizar la continuidad de la fábrica y preservar los empleos estacionales futuros, EPSA decidió cortar el hilo por el eslabón de los trabajadores con estabilidad contractual.
En las notificaciones, la firma prometió poner a disposición las indemnizaciones de ley dentro de los plazos legales, aunque sin precisar fechas ni montos definitivos.
Movilización del STIA
Frente al avance sobre los puestos definitivos, la respuesta gremial fue inmediata. El STIA encabezó una asamblea extraordinaria en su sede sindical de Puerto Madryn y resolvió movilizar hacia las puertas de la planta procesadora de EPSA para repudiar las cesantías y rechazar de plano que el costo del bache productivo caiga sobre la espalda de las familias trabajadoras.
En paralelo a la manifestación hasta las puertas del establecimiento, la representación sindical solicitó la inmediata intervención de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Chubut.
Fue así que la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria, lo que retrotrae el escenario al momento previo a los despidos, invalida las notificaciones cursadas y deja sin efecto las medidas de fuerza.
También se fijó una primera audiencia presencial entre las partes para entablar una mesa formal de negociación y buscar una salida que garantice la estabilidad de la totalidad de la plantilla.
El trasfondo del grupo empresario y Malvinas
La decisión de recortar puestos permanentes en la planta madrynense coincide con un momento delicado para el entramado societario al que pertenece la pesquera. Estrella Patagónica integra el grupo económico vinculado a la firma española Pescapuerta.
Esta multinacional pesquera española con sede en Vigo opera en la zona de las Islas Malvinas a través de sociedades mixtas y buques congeladores para la captura de calamar y merluza utilizando licencias británicas.
Y el nombre de la casa matriz quedó recientemente envuelto en una denuncia penal contra varias pesqueras de origen español que operan en el Atlántico Sur con estas licencias ilegales.
Este antecedente adquiere especial gravedad en el marco del régimen legal argentino, dado que el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca (Ley 24.922, modificada por la Ley 26.386) impone restricciones de acceso a cuotas y autorizaciones de captura en aguas nacionales a aquellas empresas o grupos empresariales que mantengan lazos con operadoras que pesquen sin permiso oficial en la zona de Malvinas.
Otras noticias de Urgente24
Arderán los surtidores: El Gobierno proyecta recaudar 59,3% más del Impuesto a los Combustibles
Aviso de los empresarios a Milei: "Vaca Muerta no nos va a salvar. Eso es una ilusión"
Escala la tensión: El decreto de Milei sumó pólvora a un histórico conflicto y desató una guerra
Presupuesto 2027: Inflación que no comienza con "0", dólar a $1847 y obras para aliados
