Durante 2024, las capturas en aguas bajo administración británica alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los mayores registros de los últimos años. De ese volumen, 146.689 toneladas correspondieron al calamar Illex argentinus. En plena temporada operan normalmente entre 100 y 120 buques con licencia activa, cifra que puede superar los 130 durante los picos de la temporada de calamar.
Para Fulasp, la decisión del Gobierno de ampliar las medidas de protección más allá de los hidrocarburos abre una discusión que el sector pesquero viene reclamando hace tiempo.
Raúl Cereseto, presidente de la entidad, resumió la posición: “El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía. La diferencia es que hoy estamos intentando impedir una explotación petrolera futura mientras nuestros recursos pesqueros se explotan desde hace décadas”.
La Fundación subrayó además que, a diferencia del debate sobre los hidrocarburos -que gira en torno a una explotación aún no iniciada, en desarrollo-, la actividad pesquera bajo licencias británicas ya existe y opera a escala industrial. “La explotación pesquera a partir de permisos espúreos no constituye una amenaza eventual ni un proyecto que podría materializarse dentro de algunos años, sino que es una actividad económica ilícita de enorme magnitud que ya existe y que lleva décadas desarrollándose”, advirtió la entidad.
"Defender los recursos pesqueros también es defender el Atlántico Sur”
Existe además una dimensión biológica que, según Fulasp, vuelve al problema especialmente urgente: las especies explotadas en esas aguas son migratorias. Los propios documentos pesqueros analizados por la Fundación reconocen los desplazamientos de distintas poblaciones entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas administradas por el Reino Unido.
Entre las especies afectadas figuran la merluza común (Merluccius hubbsi), el calamar Illex (Illex argentinus), la polaca (Micromesistius australis), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) y el bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides). La sobreexplotación en una jurisdicción tiene, por lo tanto, consecuencias potenciales sobre todo el ecosistema regional.
La entidad también advirtió que algunas embarcaciones que operan bajo licencias británicas desarrollan luego actividad sobre el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina, lo que incrementa todavía más la presión sobre los mismos recursos.
“Los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa. Estamos hablando de poblaciones que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y migran a través de un mismo ecosistema. Por eso defender los recursos pesqueros también significa defender el Atlántico Sur”, afirmó Cereseto.
En ese marco, Fulasp valoró la política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal que viene aplicando el Gobierno dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina y el fortalecimiento de los mecanismos de detección y fiscalización. Pero insistió en que eso debería servir como antecedente para elevar el nivel político, diplomático y jurídico de la defensa de los recursos pesqueros vinculados a Malvinas.
“No pedimos cambiar la dirección de la política argentina; pedimos ampliarla. Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”, sostuvo Cereseto.
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