El especialista en defensa del consumidor sostuvo que “más del 78% de la población tiene un ingreso inferior a $1.400.000” y afirmó que esta situación lleva a muchas familias a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas. En ese sentido, indicó que alrededor de 8.000.000 de personas estarían renegociando préstamos utilizados para afrontar “alimentos, medicamentos o servicios públicos”.
Frente a este escenario, el especialista apuntó contra el costo del financiamiento y reclamó una regulación de las tasas. “Si no tomamos el tema de los intereses, la problemática se va diversificando porque cada deudor tiene un problema particular”, explicó, al mencionar créditos bancarios, fintech y préstamos informales.
Por último, dejó una recomendación para quienes atraviesan dificultades para pagar sus deudas: “No firmen ningún convenio, ninguna renegociación y cuando firmen algo, fíjense porque no se puede renunciar derechos”. Además, calificó como “tasas usureras” a varios de los intereses que actualmente se cobran y reclamó controles por parte del Banco Central.
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