El índice evalúa tres dimensiones: el proceso del trámite, que considera requisitos, documentación, trámites previos y grado de digitalización; la gestión y regulación, que incluye el marco legal, los plazos y la disponibilidad de guías digitales; y la experiencia del emprendedor, medida a través de encuestas y de la transparencia en la publicación de resultados. El puntaje final se expresa en una escala de 0 a 100.
Cinco oportunidades de mejora
El relevamiento identificó cinco aspectos en los que los municipios pueden facilitar la experiencia de quienes buscan habilitar un negocio:
. Datos que el Estado ya tiene. En el 85% de los trámites relevados se solicita información que el municipio posee o podría obtener de otros organismos.
. Digitalización incompleta. Solo 10 de los 30 municipios permiten realizar todo el trámite en línea; en los otros 20, al menos un paso exige presencialidad.
. Exceso de pasos y requisitos. Todos los municipios exigen al menos un trámite previo a la habilitación, y en 7 de cada 10 trámites pide, en promedio, cuatro requisitos o más.
. Costos poco claros. En el 38% de los trámites relevados no fue posible determinar cuánto deberá pagar el emprendedor.
. Sin medición de la experiencia. 21 de los 30 municipios no cuentan con mecanismos para saber si la información brindada fue clara o si el proceso resultó satisfactorio.
Una hoja de ruta según el punto de partida
El informe propone recomendaciones diferenciadas, en tres etapas:
1. Informar y ordenar (municipios de desempeño bajo): una guía clara y única con requisitos, costos y plazos, y pagos online.
2. Simplificar e integrar (desempeño intermedio): menos requisitos y trámites previos, ventanilla única y seguimiento en línea del expediente.
3. Automatizar e interoperar (desempeño avanzado): intercambio de datos entre organismos, plazos medidos desde la perspectiva del emprendedor y controles basados en riesgo, como habilitar primero e inspeccionar después en actividades de bajo riesgo.
Además, propone un modelo de referencia: no más de cinco requisitos básicos para actividades de bajo riesgo, ningún trámite previo dentro del propio municipio, plazos máximos con silencio positivo y publicación anual de habilitaciones otorgadas y satisfacción de los emprendedores.
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