Patricio García Moritán es director de Bersa S.A., titular de Byrna Latam y socio de Cassagne Abogados. La columna: "La factura que llega sin remitente".
El gasto público siempre rindió más que la corrección. Ningún gobierno argentino resolvió esa asimetría, y de ella depende que el equilibrio fiscal sobreviva al próximo cambio de mando.
En 1991 la Argentina sancionó una ley que ordenó su economía durante más de una década. A comienzos de 2002, otra ley la derogó en cuestión de días. La Convertibilidad no cayó porque fuera una mala norma ni porque le faltara jerarquía: cayó cuando sostenerla pasó a costar más que voltearla. Ahí está, en una sola imagen, el problema argentino. Y no es un problema económico.
Hay un axioma que explica buena parte de nuestra historia, y no solo de la nuestra: la democracia electoral premia mejor al que gasta que al que corrige. No porque los votantes sean irracionales, sino por cómo llega la cuenta.
El beneficio de gastar dinero público es visible, inmediato y tiene nombre propio; el costo llega después, repartido entre todos y sin autor identificable. Déficit, deuda, emisión, inflación, precios relativos distorsionados: efectos dilatados, dispersos, difíciles de imputar.
Y cuando aparecen, siempre hay una circunstancia ajena a la que atribuirlos. Amilcare Puviani describió el mecanismo en 1903 y James Buchanan y Richard Wagner lo bautizaron “ilusión fiscal” hace casi 50 años. Nosotros no lo descubrimos: lo perfeccionamos.
Conviene ver cómo funcionó, porque el guion se repite con protagonistas distintos.
Entre 2003 y 2015 el Estado se expandió al calor de una crisis y de una bonanza, y no volvió a su tamaño previo cuando la coyuntura cambió.
Robert Higgs llamó a eso “efecto ratchet”: desarmar una prestación ya otorgada cuesta más de lo que rindió otorgarla. Cuando la expansión se volvió insostenible llegaron los correctivos —retenciones, estatización de las AFJP, intervención del INDEC, tipo de cambio múltiple, financiamiento monetario del déficit— y todos compartían la misma virtud política: diferían el costo y lo despersonalizaban. El déficit se pagó, pero tarde y sin factura a nombre de nadie.
El gradualismo de Mauricio Macri intentó lo contrario y chocó con un problema que Finn Kydland y Edward Prescott habían formalizado en 1977: la consistencia intertemporal.
Un gobierno puede anunciar una trayectoria de ajuste, pero si el mercado y el electorado anticipan que la política no lo dejará sostenerla, el anuncio no compra las expectativas que el ajuste necesita para funcionar sin crisis.
Quienes por entonces nos sentábamos con inversores veíamos todas las reuniones terminar igual: wait and see. Nadie discutía el rumbo; discutían si iba a durar.
Cuando, además, se percibió injerencia sobre el Banco Central, llegó la corrida de 2018.
El gradualismo no rindió electoralmente ni consiguió lo único que lo habría hecho sostenible: credibilidad.
El ciclo 2019-2023 volvió a ser expansivo, pero sin licuación previa, sin crédito y sin viento de cola, con una pandemia encima.
El resultado fue emisión y una multiplicación de tipos de cambio que hizo algo más sofisticado que distorsionar precios: convirtió la opacidad en técnica de gobierno. Cada “dólar” —agro, Qatar, MEP, contado con liquidación, tarjeta— fue una manera de correr la percepción del costo real del desequilibrio. Puviani en su expresión más elaborada.
Javier Milei invirtió el signo. Su ajuste de shock, con el equilibrio fiscal planteado como regla dura y no como meta gradual, es un intento explícito de resolver el problema de la credibilidad por la vía del compromiso caro de revertir: hoy volver sobre el déficit 0 tiene un precio político mayor que sostenerlo.
Es distinto del gradualismo y merece reconocerse como tal.
Pero conviene no confundir un shock con una corrección de incentivos. Lo que hubo es una suerte de 'ratchet inverso': un ajuste que no se revierte, no porque la asimetría haya cambiado de signo, sino porque hoy gastar salió caro. Y ese precio depende de una configuración política determinada.
Si el ciclo electoral la altera, el ajuste se revierte con la misma facilidad con que se revierte una promesa de campaña.
La pregunta relevante, entonces, no es cuánto ajustó este gobierno. Es si dejó algo que sobreviva a un gobierno que piense distinto.
Y ahí volvemos a la Convertibilidad, porque la respuesta intuitiva —una ley— ya se probó.
Ninguna norma es un blindaje: toda ley queda expuesta cuando se reúnen las mayorías para modificarla.
Eleva el precio de dar marcha atrás; no lo impide.
Brasil lo confirmó con un ejemplo todavía más exigente: puso su techo de gasto en una enmienda constitucional en 2016 y el gobierno de Lula lo reemplazó en 2023, apenas sostenerlo costó más que derogarlo.
Hay, sin embargo, otro camino, bastante menos vistoso. Nueva Zelanda optó por no poner metas numéricas en la ley y sí por obligar a cada gobierno a hacer públicos sus objetivos fiscales y a justificar cada desvío. No vuelve irreversible nada. Encarece la marcha atrás por la vía de la exposición.
Esa es la dirección que vale discutir acá, y admite una forma concreta.
Si el problema es que la factura del gasto llega diferida, dispersa y sin remitente, el remedio razonable es ponerle remitente: un consejo fiscal independiente cuya única función sea ponerle precio —público, previo y plurianual— a toda medida que afecte el equilibrio fiscal, venga del Ejecutivo o del Congreso.
Chile tiene el suyo desde 2019: el Consejo Fiscal Autónomo. Un organismo así no prohibiría gastar ni ataría a las mayorías futuras, algo que además sería inconstitucional. Haría algo más modesto: ponerle nombre, fecha y monto a una cuenta que hoy no firma nadie. Tampoco sería una garantía. La asimetría no se elimina, eso excede lo que cualquier diseño institucional puede prometer; lo que sí puede hacerse es volverla más cara.
Mientras eso no ocurra, el péndulo argentino no cuenta una historia de personas sino una sola estructura de incentivos operando sobre protagonistas distintos.
Y la pregunta que deja este gobierno no es cuánto ajustó, sino qué deja instalado: si la responsabilidad fiscal queda como un piso que el que venga no pueda ignorar, o si se quema en el intento.
Si sucede lo segundo, lo perdido no será un programa económico. Será la chance de volver a defender la moderación fiscal como virtud, y esa puerta puede quedar cerrada por bastante tiempo.
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