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El fiscal federal, Guillermo Marijuan, se pronunció a favor de rechazar la solicitud de suspensión de la licitación pública para la Hidrovía.
Las advertencias y objeciones de la PIA
La organización civil pretendía interrumpir de forma específica la apertura del sobre Nº 3, un paso clave en el cronograma licitatorio donde se exponen las propuestas económicas y se define el futuro de la adjudicación. La solicitud de frenar el proceso, que incluía la firma de contratos y el inicio de los trabajos, se fundamentaba en un reporte crítico elaborado por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez.
El informe de la Procuraduría identificó fallas severas que se arrastran de gestiones previas y que podrían acarrear futuras sanciones administrativas o penales. Entre las principales irregularidades señaladas se destacan:
* Deficiencias ambientales: Falta de actualización en los estudios de impacto ambiental y debilidades en la realización de la audiencia pública correspondiente.
* Restricciones a la competencia: Imposibilidad de participación para ciertos tipos de estructuras societarias y un sistema de evaluación técnica con sospechas de direccionamiento.
* Cláusulas contractuales dudosas: Redacción poco clara en los apartados dedicados a la anticorrupción y a la transferencia de los contratos.
* Limitación a la participación ciudadana: Exposición de más de 9.000 páginas de información técnica compleja en plazos temporales muy cortos, lo que vulneraría los principios de acceso a la información del Acuerdo de Escazú.
* Pasivos no aclarados: La obligatoriedad de transferir 35 millones de dólares a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) —en proceso de liquidación— por deudas heredadas, cuyo origen y composición exacta no se encuentran debidamente respaldados en la documentación oficial.
Los argumentos de Marijuan y la celebración del Gobierno
Al momento de justificar su dictamen negativo al freno de la licitación, Marijuan argumentó que la petición del Observatorio no cumple con los requisitos jurídicos esenciales de una medida cautelar. En ese sentido, explicó que el objeto procesal de la causa penal principal corre por un carril distinto: se enfoca en investigar supuestas deudas del Estado con la firma Compañía Sudamericana de Dragados S.A., presuntos desvíos en un concurso anterior y una posible defraudación en la administración de la VNT durante el año 2023.
De esta manera, concluyó que las objeciones de la PIA no coinciden directamente con la estructura de la causa penal que se tramita en el juzgado. A su vez, consideró que no se demostró de forma contundente una ilegalidad manifiesta ni la existencia de un peligro inminente e irreversible que justifique la parálisis de una obra pública de tal magnitud. Finalmente, recordó que existe otra causa en la Justicia Federal de Santa Fe —un amparo ambiental colectivo— donde ya se rechazaron medidas cautelares similares sobre este mismo proceso.
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El titular de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, destacó la decisión del fiscal federal Guillermo Marijuan contra la medida cautelar presentada para suspender el proceso.
Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, celebró el dictamen del fiscal. En diálogo con Eduardo Feinmann por A24 manifestó que "Es una gran noticia para todos los argentinos".
"Si todo marcha como pensamos, vamos a estar hablando de una baja de costos para todos los argentinos". "Si todo marcha como pensamos, vamos a estar hablando de una baja de costos para todos los argentinos".
Duelo de gigantes por la Hidrovía
La relevancia de la Hidrovía radica en que funciona como la principal salida para la producción agroindustrial de la Argentina y como canal de tránsito indispensable para mercaderías provenientes de naciones vecinas como Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Las compañías Jan De Nul NV y DEME NV avanzaron en la licitación luego de superar los requisitos técnicos, operativos y financieros exigidos. Ambas lograron cumplir con los criterios establecidos en los pliegos, lo que les permitió pasar a la siguiente etapa del proceso.
En cambio, la brasileña DTA Engenharia quedó fuera de la competencia por un punto clave. Según la evaluación oficial, no presentó la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito obligatorio que asegura que la propuesta no cambie durante el desarrollo del proceso licitatorio.
Así, aunque la apertura de sobres económicos continúe su marcha, el proceso avanza condicionado por un manto de dudas que podría afectar la seguridad jurídica a largo plazo de la principal vía navegable de la región.
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