La empresa atribuyó la crisis a un proceso acumulado desde 2024, marcado por la retracción del consumo de indumentaria, el avance de las importaciones mediante plataformas digitales internacionales, el incremento de los costos productivos y un crédito que llegó a niveles cercanos al 100% anual durante 2025.
El CEO de la compañía, Pablo Sonne, explicó que la apertura importadora obligó a modificar la estructura productiva: “Tuvimos que hacer un cambio de matriz, dejar de tener una matriz productiva para adaptarnos a una de producto importado”.
Competencia desigual por plataformas online
El reclamo apunta especialmente a plataformas como Shein y Temu. Según la firma, esas empresas pueden vender directamente al consumidor argentino sin afrontar la estructura de locales, personal, cargas sociales, impuestos y logística que soportan las marcas nacionales. El resultado, sostienen, es una competencia profundamente desigual.
El problema, desde esta perspectiva, no sería solamente la apertura comercial, sino la ausencia de políticas que acompañen la transformación. Mientras sectores como la minería, el agro y el petróleo recibieron programas específicos y reducción de retenciones, la industria textil enfrenta la reconversión sin reforma laboral vigente, sin reforma impositiva concretada y con financiamiento caro.
Impacto en el negocio de shoppings y cierre de locales
La crisis también golpeó al negocio de los shoppings. Alquileres, expensas, publicidad y costos laborales dejaron de ser sostenibles frente a la caída de las ventas, por lo que la empresa cerró locales en centros comerciales y en la Costa Atlántica.
La situación financiera terminó de empujarla al concurso. La deuda bancaria alcanza unos $3.276 millones: el Banco Nación concentra alrededor de $2.264 millones y Banco Provincia unos $866 millones. A eso se suman $975 millones de deuda fiscal, $1.725 millones en obligaciones previsionales y compromisos laborales, sindicales y con proveedores.
Al 31 de mayo, IGT33 acumulaba además unos $262 millones en cheques diferidos a proveedores y 65 cheques rechazados por algo más de $300 millones. Los incumplimientos derivaron en embargos sobre sus cuentas.
El caso Rever Pass expone así una contradicción de la política económica: la apertura busca ofrecer productos más baratos a los consumidores, pero también puede dejar en el camino empresas, empleos y capacidad productiva cuando la transición no está acompañada por financiamiento y herramientas de adaptación.
¿Cómo sobrevivir al cambio de reglas?
Mientras el Gobierno apuesta a que la competencia externa genere eficiencia, compañías como IGT33 deben definir cómo sobrevivir al cambio de reglas sin desaparecer en el intento.
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