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La Rioja aportó US$ 780 millones y recibió aproximadamente unos US$ 2.024 millones.
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Catamarca aportó US$ 838 millones y recibió US$ 2.194 millones.
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Formosa aportó US$ 850 millones y recibió US$ 2.647 millones.
Estos datos muestran que algunas provincias reciben mucho más del doble de los recursos que aportan sus ciudadanos pagando impuestos nacionales, lo que implica un muy bajo nivel de correspondencia fiscal. Estas provincias disponen de muchos recursos que no provienen del esfuerzo de sus habitantes. La consecuencia –como lo predice la teoría económica– es que no hay incentivos a las buenas prácticas de gestión pública. Son provincias donde históricamente prevalece el exceso de empleo público y el clientelismo.
De la mala organización del régimen federal se deriva una estructura de incentivos muy perversa. La Nación extrae recursos de las provincias más prósperas, empobreciéndolas. El caso extremo es la Provincia de Buenos Aires. Parte de estos recursos son transferidos desde el nivel central hacia las provincias más atrasadas para profundizar su empobrecimiento. Paradójicamente, el ser beneficiado en la distribución de recursos nacionales termina contribuyendo a mantener su subdesarrollo. No es exagerado afirmar que la coparticipación y las transferencias discrecionales de la Nación constituyen uno de los principales factores que explican y sostienen la decadencia argentina.
La construcción de correspondencia fiscal requiere de una reforma integral del sistema impositivo y asignación de roles. El camino es por la vía de unificar los tributos nacionales, provinciales y municipales, eliminar la coparticipación para que cada provincia se financie con los impuestos que genera en su territorio (colocando así un incentivo al desarrollo provincial) y contemplar, para las provincias más atrasadas, un Fondo de Convergencia que promueva su desarrollo. El punto clave es que se ponga más énfasis en la generación de infraestructura y capital humano, en lugar del “cheque en blanco” que se usa para gastos clientelares. Con la misma orientación, las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias deben desaparecer.
La viabilidad política de este cambio es una operación compleja, pero no imposible. No es imprescindible el consentimiento unánime de todas las provincias. Alcanza con un acuerdo de coordinación tributaria y funcional firmado por la mayoría de las provincias. El acuerdo, junto con la derogación de la actual ley de coparticipación, requiere una ley simple del Congreso de la Nación, la adhesión de las provincias a dicha ley y regular el tratamiento especial que se aplicará a las provincias que no adhieran.
