Durante este extenso período de conflicto, los empleados se organizaron bajo el formato de una cooperativa de trabajo y establecieron guardias rotativas para resguardar la valiosa maquinaria y evitar robos o destrozos. Asimismo, gestionaron y comercializaron el remanente de mercadería que había quedado en los depósitos, logrando generar ingresos de subsistencia mientras gestionaban alternativas viables para conservar sus puestos laborales.
Vale recordar que, ante la pérdida de sus ingresos y la imposibilidad de afrontar los costos de los alquileres de sus viviendas, quince familias tomaron la determinación de ocupar el predio, instalándose a vivir dentro del mismo.
Preservación de derechos e impacto regional
Toda la expectativa del sector está depositada en la rúbrica final del contrato de locación, la cual se estima para los días venideros. De sellarse el trato, se iniciará un nuevo capítulo para una fábrica que en sus momentos de mayor esplendor productivo llegó a albergar alrededor gran cantidad de trabajadores, consolidándose como un eslabón clave del tejido industrial de la región.
Los operarios dejaron en claro que la meta prioritaria ha sido siempre la vuelta a la producción sin que esto implique resignar sus conquistas laborales previas, tales como la antigüedad, las categorías asignadas y la identidad histórica de la compañía. Se espera que la paulatina normalización de las tareas permita sanear la pérdida de empleos ocurrida a lo largo de este conflicto y signifique el primer paso firme hacia la recuperación de una de las plantas frigoríficas más determinantes de la zona.
Un problema que viene desde hace meses
Al comienzo del año pasado, Euro contaba con 270 empleados luego de un 2024 marcado por numerosos retiros voluntarios. En los últimos meses, se habían registrado 150 y 170 bajas. La compañía que supo tener 700 trabajadores y más de 400 operarios en plata, fue reduciendo su personal de manera progresiva.
La lucha en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente.
Un frigorífico que da que hablar.
La tripería existe desde 1999 y sus propietarios originales eran empresarios de Villa Gobernador Gálvez: la familia Lequio. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular. Los dos últimos también aparecen como socios de Guillermo Salimei en otras compañías. Con el tiempo, Lequio habría dejado sus acciones en la firma que, en los hechos, quedó al mando de Guillermo Salimei hijo.
Los operarios impulsan un modelo de gestión cooperativa para recuperar la producción y preservar los puestos de trabajo.
La fábrica cuenta con un historial de abastecimiento al mercado interno y capacidad de exportación. Este antecedente técnico y comercial es el argumento principal de los empleados para sostener que la empresa es plenamente viable si se le da continuidad.
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