La intervención de COPALAC genera interrogantes adicionales debido a que se trata de una sociedad constituida recientemente en Morteros (provincia de Córdoba) con un perfil orientado hacia la construcción, la albañilería y la logística. A esto se le suma la falta de precisiones sobre los bienes que se industrializarán, los plazos de ejecución, la cantidad de personal requerido y los esquemas de retribución salarial.
La situación de los dueños de la empresa, la familia Espiñeira, acentúa la duda jurídica y operativa, ya que el contacto con ellos se limitó a intercambios a través de profesionales del derecho antes de su repliegue definitivo, dejando a la planta sin actividad durante más de un año.
La precaria situación de los trabajadores
Mientras tanto, la situación de los trabajadores se sostiene en la precariedad y en la falta de comunicaciones institucionales directas, operando únicamente mediante canales informales con los delegados gremiales. De los 700 operarios que integraban la plantilla original, una gran parte optó por conseguir otras fuentes de ingresos ante la falta de respuestas.
Vale remarcar que los empleados acumulan ocho meses sin percibir haberes, aguinaldos ni aportes previsionales, enfrentando además el deterioro progresivo, el abandono y hechos vandálicos en los establecimientos.
Entre el apuro por intentar una novedad positiva y la falta de certezas, son los trabajadores los que siguen sufriendo una realidad que arrastran desde hace más de ocho años y que desde abril de 2025 se agravó de una manera inimaginable.
Un futuro sin respuestas
Si bien ATILRA sostiene que nunca se cortó el servicio de salud a los afiliados, son muchos los trabajadores con sus familias que piden asistencia en comunas y municipios para atender tratamientos.
Lo más preocupante es que sin certezas en Suardi, el gremio intente instalar que la reactivación se podría extender a las plantas de Clason y Lehmann, sin descartar que sea la misma empresa pueda estar detrás de esa ilusión.
El colapso financiero y el bloqueo de los propietarios
Los indicadores financieros reflejan un colapso estructural reflejado en registros oficiales que muestran miles de documentos rechazados por falta de cobertura y un pasivo multimillonario en pesos. A esto se le adicionan compromisos bancarios con múltiples entidades financieras de primera línea, así como una deuda colosal con los productores primarios de leche cruda estimada por autoridades provinciales y referentes tamberos.
Por otra parte, las tensiones internas se alimentan por reclamos vinculados a montos pendientes con la obra social sectorial, mientras los propietarios continúan rechazando propuestas de adquisición y guardan silencio frente a una crisis que mantiene paralizadas las tres plantas de la compañía.
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