Puntualmente, la modificación se hizo sobre el artículo 52 de la Ley y elimina el párrafo que establecía que "en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras".
La reglamentación de la ley fue realizada a través del decreto 58/2019, que lleva la firma tanto del presidente Fernández como del resto de los ministros que integran su gabinete.
La ley contempla además una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Entre otros aspectos plantea una reestructuración del cuadro tarifario de la energía, tanto para hogares como para empresas, utilizando "criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva".
Asimismo, establece planes de regularización de deudas para las pequeñas y medianas empresas, suspende la aplicación de la movilidad jubilatoria por 180 días -tiempo en el que se discutirá una nueva fórmula y se aplican aumentos por decreto- y por supuesto, el cuestionado impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento al uso de tarjetas de crédito y débito en moneda extranjera.
La Ley también establece nuevas alícuotas al impuesto de Bienes Personales, así como a la venta de automóviles y elimina la imposición de cargas a las ganancias obtenidas con instrumentos financieros en pesos (bonos o plazos fijos).
El Senado convirtió en ley, en la madrugada del sábado, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, iniciativa oficial aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
El viernes, también a la madrugada, había sido aprobada por la Cámara de Diputados por 134 votos a favor y 110 en contra.
