Lejos de quedarse quietos, la industria naval y marítima se movió rápidamente y, a través de la Cámara Naviera Argentina (CNA), envió una carta dirigida a Miguel Pesce, titular del Banco Central.
En la misma se le pide a la entidad que, a la hora de implementar la nueva normativa que refiere autorizaciones y prohibiciones relacionadas con el pago de servicios en el exterior, contemple la situación atinente a buques y artefactos navales que se encuentran afectadas a cuestiones propias del comercio marítimo y fluvial.
En definitiva lo que le pide al Banco Central es que no aplique esta normativa para el sector, a modo de excepción. Además, sostienen, que "si cada pago necesita una aprobación previa del Central, la dinámica del mercado naviero internacional, no soportaría las previsibles demoras burocráticas locales".
En declaraciones para Infobae, expertos en temas navales aseguraron que de cesar los pagos a los propietarios de los buques, éstos los reclamarán y ahí sí el país que dará virtualmente "paralizado y a oscuras".
Si esto último llegara a consumarse, el Estado a sus problemas financieros debería agregarle uno más. Porque marcaría lisa y llanamente un golpe de knock out para el comercio exterior, la única fuente legítima de ingreso de divisas a la Argentina. Un perjuicio económico que le costaría al país mucho más de lo que marca la deuda que el gobierno dice no poder pagar.