Moyano se opuso desde el principio a esa modalidad, lo que en el ministerio de Trabajo que maneja Claudio Moroni reconocían como un obstáculo a la estrategia oficial que persigue frenar la puja redistributiva en pos de frenar a la inflación.
Distina fue la posición de la Asociación Bancaria, del aliado Sergio Palazzo, que en enero acordó con la patronal el pago de sumas fijas que irán de $4.500 a $10.500.
Pero Moyano no es el único en desacuerdo con la modalidad que impulsan en la Casa Rosada. En distintas manifestaciones públicas, referentes de gremios grandes también pusieron sus reparos.
"Termina beneficiando a los sueldos más bajos y perjudicando a los que cobran los salarios más altos", se quejó el petrolero Guillermo Pereyra. "Si el uso de la suma fija se prolonga en el tiempo, produce el achatamiento de la pirámide salarial", reflexionó José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias.
"Es un recurso que debe acotarse a la emergencia. No puede convertirse en el elemento permanente de adecuación de los salarios. Para eso está la paritaria", razonó por su parte Héctor Daer, líder del gremio de Alimentación y uno de los jefes de la CGT.
