"La firma de estos acuerdos es para nosotros un gran avance, ya que venimos trabajando desde hace dos años y medio con todas las empresas para que puedan los compañeros puedan tener la estabilidad laboral que se merecen", señaló Quintana.
Estos acuerdos implican que "las empresas no realizarán despidos fundados en causas económicas, manteniendo la totalidad de la nómina de los trabajadores".
Mientras, más al sur, se viven momentos críticos en Vaca Muerta, que mantiene paralizada gran parte de su actividad. Allí, los sindicatos de Jerárquicos y Petroleros Privados se encuentran en alerta y ya convocaron a una reunión de delegados y asamblea ante el inminente despido de 1.200 trabajadores de las empresas de servicios especiales.
"Yo no permito suspensiones ni despidos", aseguró al diario 'Río Negro' el titular de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo, tras reconocer que desde las empresas de servicios especiales "están diciendo que van a despedir a 1.200 trabajadores".
Desde el congelamiento del precio del crudo que impuso el DNU 566 y que se sumó a la disparada del Riesgo País y al control de capitales, las empresas de servicios especiales de Vaca Muerta, las que controlan las torres de perforación y equipos de fractura, comenzaron a suspender a buena parte de sus empleados.
A la fecha son entre 1600 y 2000 los trabajadores cesanteados, en coincidencia con la baja de unas 13 torres de perforación y la salida del país de varios sets de fractura.
Desde algunas firmas ya se avanzó en el achique de sus plantillas, a través de retiros voluntarios como los realizados por Schlumberger, o incluso con despidos que ahora están frenados en conciliación como los que realizó H&P.
Pero el panorama es más grave. Las firmas preparaban un total de 1200 telegramas de despidos que comenzarían a llegar a los trabajadores desde hoy.
"Parece que no quieren esperar al cambio de gobierno y lo primero que hacen es cortar por el más débil que es el trabajador"", indicó Arévalo y agregó que "deberían aguantar a que asuma Alberto Fernández y ahí sentarnos en una mesa grande con el ministerio de Trabajo, los gremios, las provincias y sacar conclusiones, pero no. Dicen que tienen órdenes de sus casas centrales".
