Los tributos que pesan sobre los combustibles son el Impuesto a los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono que se actualizan trimestralmente en función del índice de inflación.
Sin embargo, el DNU 488 del barril criollo fijó que las actualizaciones del primer y segundo trimestre de este año recién se trasladarían al precio de los combustibles este 1 de octubre.
Desde Energy Consilium se señaló que "el Poder Ejecutivo Nacional postergó en reiteradas ocasiones la actualización correspondiente, sobrepasando las facultades establecidas en la ley". Y destacaron que "en la actualidad, debido a la postergación decidida por el Decreto 488/2020, el ICL y el IDC tanto para naftas como para gasoil, deberían tener un incremento de 13,6% para cumplir con lo establecido en la Ley 27.430 y su Decreto Reglamentario 501/2018".
Con la fecha de habilitación para el traslado de estos aumentos a la vuelta de la esquina, desde la consultora se advirtió además que en función de los volúmenes de ventas de naftas y gasoil que se están registrando en el país, ese 13,6% de incremento tributario redundaría en $2.300 millones de ingresos extra para el Estado.
No obstante, algo que deberá definirse si se avanza en este traslado es cómo impactará en el precio de los combustibles, ya que puede ser directamente adosado al valor del surtidor y tener el efecto mencionado antes, pero también puede ser absorbido por los márgenes de las refinerías, afectando a un segmento que viene seriamente castigado tanto por el impacto de un precio sostén elevado como por los precios que por nueve meses estuvieron congelados en un contexto nacional de inflación y devaluación progresiva del peso.
Desde Energy Consilium se señaló que no permitir a las refinerías el traslado a los precios terminaría "afectando su caja y su desempeño, en particular el de YPF", cuyo CEO recientemente anunció que fijó " un objetivo de precio para este segundo semestre" y "también un objetivo de precios a alcanzar a diciembre de este año".