Las heridas que provocó aquella decisión nunca cicatrizaron. Es más: la caída del sector inmobiliario (hasta julio 2019, un derrumbe de casi el 29% de las operaciones, según datos del Colegio de Escribanos bonaerense, y una proyección anual que prevé un piso histórico), ha renovado el reclamo contra el Colegio.
El escenario es dramático: la ONG Defendamos Buenos Aires alertó que cerraron más de 525 inmobiliarias en territorio bonaerense sólo en los primeros 4 meses del año.
El Colegio de Martilleros podría haber tomado alguna iniciativa pero tampoco lo hizo en esta ocasión. De pronto, los cargos del 0,5% del valor de las operaciones que percibe como instancia de retención de la Provincia resultaron motivo de gran enojo entre quienes deben pagarlo.
Es cierto que la coyuntura argentina es responsable de la situación pero también es verdad que en las crisis deben replantearse los costos e imaginar opciones.
Tiro por la culata
Entonces irrumpió en escena un proyecto de ley impulsado por las asociaciones de inquilinos y que en el período preelectoral captaría el voto del peronismo en la Legislatura bonaerense.
De prosperar, quitaría al precio final, los gastos inmobiliarios, depósitos y otras comisiones que hoy día deben pagar los inquilinos.
El espíritu del proyecto de ley es el siguiente:
> eliminar el cargo del 2% al 4% sobre el importe del plazo en locaciones con destino a vivienda,
> sustituir el mes de depósito en garantía por una póliza de caución, y
> que la comisión del martillero pueda ser abonada hasta en 6 cuotas sin recargo.
Si bien la Ley Nº10.973, que regula la actividad de martilleros y corredores públicos en la provincia de Buenos Aires, indica que las inmobiliarias deberían cobrar del 1% al 2% “pudiendo asumir la totalidad del pago una de las partes”, es frecuente que el inquilino, fuera de la ley, asume un costo de hasta el 5% + un mes de depósito + el mes adelantado del alquiler. Obvio que inadmisible.