Estos datos ponen en evidencia que la reducción del gasto público primario fue importante, pero poco sustentable. Casi la mitad de la caída en las erogaciones se explica por la licuación de jubilaciones y salarios públicos que produjo la aceleración de la inflación.
Casi otro cuarto de la reducción se explica porque el aumento en la inversión pública fue muy por debajo del incremento de los precios.
Es decir, prácticamente tres cuartas partes de la disminución del gasto público no se hizo por ordenamiento del sector público sino por licuación inflacionaria.
En el único ítem importante donde la lógica fue diferente es en subsidios a los servicios públicos, donde la baja en las erogaciones es sustentable en la medida que se mantenga la recuperación del valor real de las tarifas.
La devaluación no sólo generó las condiciones para recomponer la balanza comercial sino también las finanzas públicas. La inflación licuó las jubilaciones, los salarios públicos y otros ítems del gasto público. Esto produjo el ajuste fiscal. No es que el Estado gaste menos porque se replanteó la organización del sistema previsional o porque corrigió excesos de burocracia e ineficiencias.
Por el contrario, la principal fuente de reducción de gasto es el rezago temporal en la actualización de las jubilaciones, salarios y otros gastos del Estado.
Esta manera de bajar el gasto es socialmente costosa, económicamente ineficiente y poco sustentable en el tiempo. Salvo que la aceleración inflacionaria se profundice, la tendencia natural es que el valor de las jubilaciones, los salarios públicos y la inversión pública se recuperen. Esto se explica tanto por cuestiones legales (por ejemplo, las normas y doctrina previsional que regulan la movilidad previsional), como por presiones sindicales o por necesidad de que la infraestructura no se siga deteriorando.
El ajuste fiscal basado en licuación inflacionaria es propio de una crisis, pero no tiene capacidad para sostenerse en el tiempo, ni mucho menos para generar condiciones de crecimiento y progreso social.
Por eso, el re-perfilamiento de la deuda pública no es el tema más importante, ni el más complejo de resolver. Suponiendo que se condonara el 100% de la deuda, el problema central seguiría siendo el sector público que tiende a gastar, estructuralmente, más de lo que recauda.
De allí que el tema decisivo es avanzar con un profundo ordenamiento tributario, previsional y funcional del Estado. De lo contrario, las devaluaciones y la inflación serán las que fatalmente hagan los ajustes en las cuentas públicas.