Las demandantes sostuvieron que las medidas dictadas por el gobierno les causan perjuicios económicos y afectan su política fiscal y financiera. Además, en casi todos los casos, solicitaron medidas cautelares, que suspendan la aplicación de las normas del Ejecutivo nacional.
Se discute entonces la herramienta de los DNU o decretos comunes para determinados temas sin pasar por el Congreso, pero también la afectación de fondos coparticipables, en un contexto económico a la vez peculiar y crítico. Allí el procurador ya definió la competencia de la Corte y se esperan otros dictámenes en un plazo no tan lejano.
Un informe de septiembre del Senado de impacto en la distribución de fondos a las jurisdicciones a partir de las
medidas dispuestas por el Decreto 561 muestra por un lado:
- el que refiere al incremento del 20% de las deducciones a y c del art. 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (Ganancias no Imponibles y Deducción Especial) del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los trabajadores en relación de dependencia, y a la reducción del 50% de los anticipos que los trabajadores autónomos deben ingresar en octubre y diciembre,
- y, por otro lado, el impacto que obedece a la bonificación de la cuota de Monotributo del mes de septiembre de 2019 en favor de todos los trabajadores adheridos que se encuentren al día con el pago del gravamen.
Aquí el cuadro:
El impacto proyectado para 2019, arroja los siguientes números (la primera columna expone la proyección de la merma de los fondos que se coparticiparían durante 2019 por el impacto de las medidas dispuestas en el decreto sobre la recaudación del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo, dato proveniente del cuadro anterior):