Pero el primer mes el monto se elevará a 1000 millones, por los pagos pendientes de abril. En la Superintendencia descartaron cualquier intencionalidad política o conflicto con la CGT que haya motivado el retraso en el reparto de los fondos y atribuyeron el retraso a cuestiones técnicas.
El problema que busca subsanar este proceso se arrastra desde la época del kirchnerismo, cuando se acumuló una deuda de 27 mil millones de pesos al sistema de reintegros que se conforma con fondos aportados por los trabajadores. El objetivo de este fondo es distribuir los gastos de tratamientos de enfermedades poco frecuentes, con muy elevados costos como la hemofilia.
En 2016, hubo un primer acuerdo entre la administración de Cambiemos y la CGT, por el cual parte de estos fondos se colocaron en un bono con vencimiento en el 2020. La resolución de ahora establece que los intereses de este bono serán repartidos entre las obras sociales, a partir de los casos complejos que tengan que atender.
La norma también prevé aportar fondos para el denominado Régimen de Compensación, que comprende a los servicios de salud de monotributistas y trabajadoras de casas particulares. Los aportes para este universo son también una demanda de los gremios de la CGT, porque en la mayoría de los casos terminan en obras sociales sindicales y su aporte es en general menor al gasto que les demandan, según los principales dirigentes de al central obrera.