El miércoles (12/2) el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicará en el Congreso los lineamientos generales del análisis de sostenibilidad de la deuda pública. No se espera que allí haga grandes revelaciones, pero enfatizará en la imposibilidad de cumplir con los pagos y la necesidad de renegociarlos.
Pero antes, este lunes (10/2), Guzmán buscará revancha con la refinanciación del vencimiento de alrededor $100.000 millones del bono Dual del próximo (13/2).
La gran incógnita es el plan de Guzmán para renegociar la deuda. Y sobre esto hay varias versiones.
Según BAE Negocios, la idea del ministro de Economía es la siguiente: patear 3 años los plazos de pago previstos para devolver los US$ 44.000 millones que desembolsó el FMI sin pasar a un programa de facilidades extendidas, que implica más tiempo y también más condicionalidades, y conseguir que el staff report que publicarán sus técnicos declare que la deuda externa es insostenible, como elemento de presión ante los bonistas que tienen a su favor el hecho de sentarse a renegociar títulos que nunca dejaron de pagarse.
Justamente esa ventaja, que no existía en el canje de 2005 negociado en medio de un extenso default, pone en duda la posibilidad de avanzar en una reestructuración amistosa, añade BAE.
Sobre los bonistas, la idea es conseguir de parte de los privados un amplio período de gracia para iniciar una recuperación económica que le permita volver a pagar y un importante recorte de intereses más una leve quita de capital.
Por su parte, el diario Ámbito Financiero aporta lo suyo en relación a lo que podría ser la oferta argentina: Equilibrio fiscal desde el segundo semestre. Superávit fiscal garantizado de no menos de 1 punto del PBI desde 2021 hasta el final del mandato actual de Alberto Fernández. Superávit comercial sostenido de entre u$s18.000 y u$s25.000 millones en el mismo período. Y el Gobierno se comprometerá a desarrollar el proyecto petrolero de Vaca Muerta, para que desde 2024 comience a aportar no menos de US$ 5.000 millones extras, que serán la garantía final para que el Fondo se convenza de que la propuesta de pago para devolver los u$s44.000 millones, con una luz de tiempo de tres a cuatro años, es creíble.
Y lo que pedirá el Gobierno, según Ámbito, será: Que se libere al país del corset de un acuerdo tipo facilidades extendidas, y acepte un simple plan de pagos con recupero del dinero garantizado. A cambio, no se le deberán exigir al país reformas estructurales, incluyendo ideas de modificaciones a las legislaciones laborales, previsionales, fiscales o en la relación de fondos con las provincias; las que, aunque haya voluntad de concretarlas por parte del oficialismo (que no la hay), serían imposibles de aprobar en la situación política actual.
