De acuerdo con datos oficiales, la Argentina enfrenta un ratio Deuda-PBI del 80%, y deberá hacer frente en 2020 a pagos de capital por US$48.868 millones y otros US$14.838 millones en concepto de intereses.
Aproximadamente el 43% de los títulos emitidos está en manos de tenedores privados, mientras que el 37% en agencias del sector público y el restante 20% con organismos bilaterales y multilaterales. Asimismo, el 55% se encuentra bajo legislación argentina y el 45% restante, bajo legislación extranjera.
Para PwC, el "problema más urgente" a resolver por el próximo Gobierno se encuentra en el flujo de vencimiento de los pagos de interés y capital de 2020: durante el primer trimestre se concentran pagos por 4% del PBI, mientras que en el segundo trimestre trepan al 6%.
Así, los vencimientos en 2020 son abultados, pero sin embargo, en los 2 años venideros, 2021 y 2022, "se verán incrementados sustancialmente", principalmente en 2022 por el vencimiento de la segunda cuota del préstamo con el FMI, alertó la consultora.
En ese sentido, añadió que los pagos de deuda en 2021, 2022 y 2023 se encuentran entre el 8% y el 9% del PBI en dólares, "con lo cual, aunque fuera factible obtener un superávit fiscal en los años venideros, sea porque se aumenten los impuestos o se ajuste parcialmente el gasto, no alcanzaría los niveles requeridos para repagar los flujos de deuda sin ningún tipo de ajuste, como lo fue en el caso uruguayo", tal el norte que se había puesto alguna vez Alberto Fernández, y que implica la postergación de vencimientos sin quita de capital.
La situación de estancamiento económico con elevada inflación de los últimos 2 años, ha imposibilitado -indicó el reporte distribuido a la prensa- "la generación de recursos para el repago de los vencimientos de deuda, todo lo cual ha hecho que Argentina pierda la confianza para lograr el roll over de los vencimientos de capital, volviendo impagable el flujo de compromisos en el corto plazo".
La consultora consideró que una alternativa con el FMI sería convertir el programa actual en un Acuerdo de Facilidades Ampliadas, sin quita de capital, que podría extender el plazo de repago hasta 10 años. Pero aclaró que, en este caso, lo que debería negociar el nuevo Gobierno con el organismo serían las "condicionalidades" que tendría el nuevo acuerdo, "ya que este tipo de programas tiene como objetivo que el país en cuestión lleve adelante reformas de carácter estructural para abordar las debilidades institucionales o económica".
