La jueza de Nueva York Loretta Preska le ordenó a la Argentina pagar US$142 millones a bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska le ordenó a la Argentina pagar US$142 millones a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.
La magistrada se pronunció en el expediente que sigue a solicitud de 12 fondos, entre los que sobresale Bybrook Capital, que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.
Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando. En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto.
Cabe recordar que Loretta Preska, jueza del distrito sur de Nueva York, tomó las causas relacionadas con la Argentina que tenía Thomas Griesa.
La magistrada intervino en distintos casos contra el Estado argentino, como el litigio por el cupón PBI de la anterior reestructuración de deuda y otro por la estatización de YPF. Esta última causa -en la que Preska ya determinó que la Argentina debe pagarle al estudio de abogados inglés Burford Capital unos US$16.000 millones- tuvo novedades en los últimos días, cuando se conoció que los llamados 'fondos buitre' querellantes tomarán una reciente declaración de Axel Kicillof para avanzar sobre las acciones de la compañía, que hasta ahora estaban a salvo de acciones judiciales.
El fondo Aurelius y otros fondos, en su instancia de apelación ante el juzgado que conduce la jueza Loretta Preska, argumentaron que YPF puede ser tomada como Alter Ego del Estado argentino, y por tanto solidario en el juicio que el país perdió y que lo obliga a pagar US$16.000 millones.
En su presentación ante la Corte de Apelaciones, los fondos argumentan su posición en base a esta declaración de Axel Kicillof, enfatizando que "pese a que YPF es una empresa privada, sus directores son funcionarios de Milei y lo que vemos es que ellos tomaron decisiones dictadas por el Presidente".
Ahora la causa en Nueva York podría tomar un nuevo giro, porque los fondos de inversión querellantes seguramente pedirán embargar las acciones de la empresa petrolera, con lo que todo el plan de inversiones previsto para los próximos años podría quedar stand by.
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