Otros rubros afectados son los textiles, marroquinería, televisores, calzado, neumáticos, pequeños electrodomésticos y yerba mate. El informe advierte que el problema podría extenderse a medicamentos, alimentos, productos médicos y materiales de construcción.
Contrabando en Argentina: Menos recaudación y presión sobre el empleo formal
Las consecuencias exceden las cuentas públicas. MAP LATAM estima que el contrabando impide generar unos 11.300 empleos formales en siete sectores analizados, un 22% adicional respecto de los puestos que esas actividades registraban en 2025.
La competencia desleal representa otro de los principales riesgos. Mientras las compañías formales deben afrontar impuestos y obligaciones laborales, los operadores ilegales ofrecen productos a precios más bajos al evitar gran parte de esos costos.
El resultado es una presión sobre los márgenes empresariales, menores incentivos para invertir y una pérdida de participación de las compañías que cumplen con las regulaciones.
Los controles de la Aduana argentina, bajo la lupa
El documento señala cambios en los mecanismos de fiscalización, como la eliminación, en 2024, de controles documentales y físicos obligatorios para determinados productos textiles, calzado y mercadería alcanzada por medidas antidumping.
A esto se sumó la eliminación de los valores criterio de importación, herramienta que permitía identificar posibles operaciones de subfacturación antes del despacho de productos. Actualmente, los controles sobre los valores declarados son posteriores y selectivos.
El estudio agrega que persisten dificultades vinculadas con la tecnología aduanera y la capacitación del personal en puertos y fronteras. En materia de comercio ilícito sectorial, Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el índice TRACIT de 2025.
La magnitud económica del problema también puede dimensionarse a través del gasto público: los US$2.855 millones que dejaría de percibir el Estado alcanzarían para construir unas 2.400 escuelas, 120 centros de salud o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.
El desafío para el Gobierno no pasa únicamente por facilitar el ingreso de mercadería y profundizar la apertura comercial, sino también por fortalecer los controles para evitar que una mayor circulación de productos termine ampliando los circuitos de evasión y contrabando.
El avance del comercio ilegal amenaza así con convertirse en un costo adicional para las cuentas públicas y en un obstáculo para la recuperación de la producción, la inversión y el empleo registrado.
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