ARTÍCULO 7° - Establécense, para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, los Precios Sin Subsidio contenidos en el Anexo (IF-2021-101561904-APN-DNRYDSE#MEC) que integra la presente medida; para que las distribuidoras de jurisdicción federal, expresen en las facturas de sus usuarios el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado como “Subsidio Estado Nacional”, como así también, para los prestadores del servicio público de distribución de las provincias que adhieran a lo establecido en el Artículo 8° de la Resolución Nº 748/21 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Plan de Transición 2030
A su vez, en el arranque de la Cumbre Climática COP26, que arrancó ayer domingo 31 de octubre y se extiende hasta el 12 de noviembre, en Glasgow, Escocia, Energía emitió la resolución 1036 con Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030.
La pregunta es: Sin caja, ¿cómo cree la Casa Rosada que se hará la inversión necesaria para cumplir con las metas?
El cambio climático, además de ser una amenaza global, es esencialmente un problema de desigualdad social. Se trata de una crisis impulsada por el proceso de desarrollo económico de las naciones de mayores ingresos, pero cuyos costos recaen mayoritariamente sobre los países más pobres, obstaculizando sus tardíos procesos de desarrollo. A su vez, este mecanismo se replica al interior de cada país dado que los mayores impactos medioambientales afectan a los sectores históricamente más vulnerables. En este marco, la transición energética es una de las tareas a abordar para dar respuesta a la problemática medioambiental de nuestra casa común. En todos estos procesos, la política pública debe tener un rol central en la administración de los costos y beneficios que implicarán los desafíos impuestos por la crisis climática.
La transición energética, motorizada por la demanda de acción climática, debe ser justa, asequible y sostenible. Debe tener simultáneamente consistencia social, macroeconómica, fiscal, financiera y de balanza pagos. El proceso de transición energética implica un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía, lo cual tiene consecuencias inciertas en los modos de organización social. A diferencia de las transiciones del pasado, que surgieron endógenamente como resultado de innovaciones tecnológicas y/o descubrimientos de recursos, la actual es una transición consciente para evolucionar del paradigma fósil, que fue tanto facilitador de la expansión de las economías centrales en los últimos dos siglos como causante del deterioro ambiental del planeta.
En línea con el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas” establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el esfuerzo de mitigación global debe ser equitativo. Por ello, Argentina plantea cumplir sus compromisos internacionales mediante un sendero de descarbonización de la matriz energética acorde a sus capacidades tecnológicas y productivas, considerando sus posibilidades macroeconómicas y su delicado contexto social En línea con el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas” establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el esfuerzo de mitigación global debe ser equitativo. Por ello, Argentina plantea cumplir sus compromisos internacionales mediante un sendero de descarbonización de la matriz energética acorde a sus capacidades tecnológicas y productivas, considerando sus posibilidades macroeconómicas y su delicado contexto social
En este sentido, se busca incrementar la producción y distribución de más energía limpia en emisiones de gases efecto invernadero de manera confiable, sostenible y asequible acompañando el crecimiento productivo y poblacional, promoviendo la eficiencia energética y afianzando los mecanismos de adaptación al cambio climático. Los recursos con los que contamos actualmente son los que nos permitirán un proceso de transición basado en nuestras capacidades, el cual podría acelerarse en caso de que los países con mayor grado de desarrollo económico y responsabilidad ambiental histórica honren su compromiso global, aumentando sus niveles 2 de cooperación internacional con el resto del mundo para garantizar una transición justa, asequible y sostenible.
Desde el Ministerio de Economía de la Nación, organismo bajo cuya órbita se encuentra la Secretaría de Energía de la Nación, se ha venido trabajando en la formulación e implementación de 6 objetivos de política económica para caracterizar una estructura productiva que sea (i) inclusiva, (ii) dinámica, (iii) estable, (iv) federal, (v) soberana y (vi) sostenible. Dado que la matriz energética en Argentina es un vector central del desarrollo económico argentino, la política económica y la política energética deben tener un enfoque conjunto y articulado. Es por eso que asumimos el desafío de integrar estos seis objetivos en un programa de transición energética que parta de las restricciones macroeconómicas que tiene nuestro país y logre convertirse en una hoja de ruta frente a los problemas sociales, productivos y energéticos que estructuralmente condicionan la calidad de vida de nuestro pueblo.
El proceso de transición global encuentra a la Argentina frente a una compleja situación social y financiera. Una significativa proporción de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Adicionalmente, el país enfrenta una compleja situación en el frente externo, agudizada por los elevados compromisos de deuda en moneda extranjera. La transición energética no puede pensarse aislada de esta realidad sino que debe armonizarse con la estabilización macroeconómica necesaria para el desarrollo, buscando fortalecer nuestras capacidades en un sendero compatible con la inclusión social y disponibilidad de divisas. Por lo tanto, el rumbo hacia una estructura productiva que sea inclusiva, estable, dinámica, federal, soberana y sostenible debe contemplar escenarios energéticos que sean compatibles con estos principios.
Polémica por subsidios
Daniel Gerold, presidente y fundador de la consultora G&G Energy, estimó en una conferencia virtual organizada por el IAPG y AmCham Argentina, en la que estuvo presente el medio especializado EconoJournal, “hablar de subsidios a las empresas es un error conceptual porque a las compañías no se les permite facturar a las distribuidoras o los consumidores finales a los precios que corresponde. Como los precios que autoriza el gobierno son bajos, no hay más alternativa que otorgar contribuciones, de lo contrario no habría inversión ni suministro. Así, si no hay incrementos tarifarios de gas y electricidad, los subsidios que deberá afrontar el Estado rondarán los US$16.000 millones en 2022, y esto constituye un problema macroeconómico mayúsculo”.
