El borrador en discusión establece una actualización progresiva de los volúmenes obligatorios de biocombustibles que las refinadoras petroleras deben mezclar con los combustibles fósiles en el mercado interno:
- Bioetanol en naftas: Se proyecta un esquema escalonado que mantendría el corte actual en el 12% durante los primeros doce meses desde la sanción de la norma, para luego elevarlo al 15% obligatorio. La medida impacta de lleno en el complejo sucroalcoholero del Noroeste Argentino (Tucumán, Salta y Jujuy, que aportan el 40% de la oferta) y en las plantas de molienda de maíz concentradas en Córdoba, Santa Fe y San Luis (que explican el 60% restante).
- Biodiésel en gasoil: Las bancadas parlamentarias alcanzaron un principio de entendimiento para llevar el corte obligatorio al 10%, frente a los esquemas reducidos vigentes, aunque persiste una discusión abierta sobre qué porcentaje de ese volumen quedará reservado exclusivamente para el entramado pyme.
- Comercialización y precios: El texto contempla un período de transición operativa hasta fines de 2031, con la creación de un mercado electrónico para las transacciones y la adopción del costo de paridad de importación como techo de referencia tarifario, mecanismo que habilitaría compras al exterior en caso de distorsiones de oferta.
Las pymes y los gobernadores
Pero la derogación de la Ley 27.640 encendió las alarmas en el entramado industrial del interior, donde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) alertó que el diseño legal promovido por el oficialismo "condena al cierre a las pequeñas plantas locales al desregular el mercado sin salvaguardas efectivas".
En efecto, el motivo para reformar esta ley que funciona es justamente el libre mercado y la desregulación: El Estado debe correrse, los precios deben liberarse, la competencia debe ordenar el sector.
Sin embargo, lejos de desregular y de introducir libre mercado, el proyecto regula y ordena el mercado para que se lo queden unos pocos. Segmenta, asigna cupos, fija precios de referencia, establece barreras de entrada y programa cronogramas de extinción. Regula todo, solo que a favor de otros...
El gobernador Axel Kicillof se reunió esta semana con representantes de las pymes bonaerenses elaboradoras de biodiésel, quienes vienen reclamando un cupo en la nueva ley que impulsa Patricia Bullrich y alertan por el posible cierre de plantas en todo el país.
En este marco, la advertencia empresaria suma el respaldo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien encabezó un encuentro con directivos del sector junto a su ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, comprometiéndose a articular un frente con sus pares de La Pampa, Entre Ríos y San Luis para frenar el articulado en el Congreso.
Desde la entidad empresaria señalaron que el proyecto establece un sendero decreciente para la participación de las pymes, reduciendo su reserva de mercado del 7,5% actual al 3% hacia 2031, año en el que el segmento protegido desaparecería por completo.
"Las pymes regionales no pueden competir en paridad de condiciones con las grandes cerealeras del puerto de Rosario. El aceite de soja representa el 80% del costo del biodiésel y está concentrado en esas mismas empresas, por lo que las pymes deben comprarle la materia prima a su propio competidor y pagar cientos de kilómetros de flete", advirtieron desde la cámara sectorial, alertando que están en peligro 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos en el país y diez plantas radicadas en distritos bonaerenses como Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.
Por eso, las refinerías pymes exigen que la futura ley consagre un segmento reservado irreductible y proponen elevar el corte total de biodiésel al 12,5%, con un 5% garantizado para los productores regionales, un nudo técnico que mantiene abierta la pulseada.
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