Dentro de ese contexto, desde Inquilinos Agrupados apuntaron que el alquiler y las expensas son el gasto fundamental que deben enfrentar más de 3 millones de hogares en todo el país. El propósito de la Canasta es poder dar cuenta de la dificultad de muchos de estas viviendas para soportar el costo de vida.
A modo de crítica, Artola señaló que "Ni a nivel nacional, ni provincial, el Estado releva el precio de los alquileres. Claramente no es lo mismo el costo de vida para quien alquila que para quien tiene vivienda propia". Sobre esa línea, aseguró que tanto "el INDEC como el IPEC (entidad estadística provincial de Santa Fe) debería incorporar el alquiler de vivienda a sus mediciones".
Una realidad invisible
Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados rosarino, sostuvo que "El hecho de que no se releve el gasto en alquiler sigue invisibilizando una realidad que es cada vez más grave y afecta a 11 millones de personas que alquilan en el país y a los más de 700.000 inquilinos que hay en la provincia de Santa Fe".
Al respecto, indicó que desde Inquilinos Agrupados se tomó la decisión de "empezar a publicar la evolución de la Canasta Inquilina con datos relevados por nosotros hasta que sea política de Estado el acceso a la vivienda".
Lo que la Ley de Alquileres dejó
Según lo reflejado por Artola sobre el trabajo, el 62% de los inquilinos posee deudas ante la imposibilidad de hacer frente al pago de servicios, comprar comida y solventar el techo. "La última encuesta nos da entre un 40 y un 50% de los ingresos totales de una familia que se lo lleva a sostener el alquiler", graficó y advirtió: "Claramente está en un pico histórico y habla de un problema que se agrava".
En ese sentido, el relevamiento marca que el 54% mantiene deudas con tarjetas de crédito, mientras que el 29,4% para liquidar otras (deudas), y el 37,6% por conseguir alimentos.
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Un dolor de cabeza que se volvió habitual a la hora de tener que pagar un alquiler.
Una de las cuestiones que generan más gravedad en la situación de los inquilinos es el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres en un contexto de alta inflación, caída del poder adquisitivo del salario y aumentos sin techo en luz, agua y gas, y con liberación de costos en otros servicios como wifi.
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