A pesar de que en ese momento el jugador tenía contrato en vigor con el conjunto rojiblanco, cerró su contratación con el Barcelona sin que hubieran mediado los preceptivos contactos previos entre ambos clubes. De este modo, Griezmann ocultó en todo momento al Atlético de Madrid el acuerdo que había cerrado en plena temporada europea y esperó a hacerlo oficial cuando terminó la misma y su cláusula bajó de 200 a 120 millones, a partir del 1 de julio de 2019, según El Mundo.
Según 'El Mundo', el club presidido por Enrique Cerezo no aportó estos documentos en su denuncia ante la RFEF. Cabe recordar que la entidad rojiblanca reclama ante la RFEF el pago de la diferencia de 80 millones de euros, dado que asegura tener pruebas de que la negociación se produjo mucho antes de lo anunciado.
El fichaje de Griezmann por el Barcelona generó muchísima polémica, no sólo desde que el jugador publicara un vídeo avisando que dejaría el Atlético de Madrid semanas antes de la ventana de mercado de mayo de 2019, sino también desde la campaña anterior, con la famosa 'decisión' de Griezmann de plantar a los catalanes y continuar en el Wanda Metropolitano un año más.
El juez instructor del caso, Juantxo Landaberea, un especialista en Derecho Deportivo de reconocido prestigio, propone en su resolución al Comité de Competición, adelantada por ese diario español, una sanción de 300 euros o un partido a puerta cerrada en el Camp Nou, al estimar ridícula la multa económica y entender que existe base para la reclamación del club rojiblanco. Conocedores de la propuesta ambos equipos, está previsto que en el margen de las dos próximas semanas el organismo presidido por la Juez Única de Competición, Carmen Pérez, aborde el caso. Aunque es la FIFA quien enjuicia este tipo de conflictos entre clubes, al tratarse de dos adscritos a la misma federación nacional, delegó en el organismo presidido por Luis Rubiales.
El Atlético da por hecho que las negociaciones se iniciaron antes de la bajada de su cláusula y, por tanto, reclama al club y al jugador la diferencia entre los 200 y los 120 millones pagados, es decir, 80. Los tribunales son una opción que no ha descartado.