En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, Jaldo defendió la detención de Morales (…)
"No puede ser que gente con arma prestada quiera levantarse contra sus autoridades, las instituciones y los 3 poderes del Estado", afirmó el gobernador.
Además, felicitó al Poder Judicial provincial, al Ministerio Público Fiscal y a la Corte Suprema de Justicia por su accionar en la causa.
"Si no hubiésemos actuado, hoy tendríamos otro acuartelamiento policial. Gracias a Dios, nos adelantamos y eso no ocurrió", agregó Jaldo. (…)".
Dicen que no hay división de poderes en Tucumán, y que la Corte Suprema provincial responde al gobernador de turno.
La fiscal Mariana Rivadeneira abrió un nuevo expediente y notificó al Colegio de Abogados sobre el caso.
El juez de impugnación Eudoro Albo rechazó el pedido de excarcelación de Morales. Tampoco hizo lugar al planteo de su defensa para que cumpla la prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario. Y dispuso su traslado del penal de Benjamín Paz al de Villa Urquiza para garantizar su acceso a atención médica si fuese necesario.
Lo doméstico
Ya que estamos con Jaldo, interesante un fragmento del comentario político de Fernando Stanich en el diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, texto que ayuda a entender qué está sucediendo con Jaldo:
"Quienes imaginaban que la suspensión de las PASO iba a ralentizar el comienzo del año electoral claramente se equivocaron. En el país, pero particularmente en Tucumán, la lógica bajo la cual se desarrollan las acciones tiene directa relación con los comicios legislativos que se harán el último domingo de octubre.
Tucumán renovará 4 bancas de diputado, pero eso es un solamente un dato aleatorio. Cada elección de mitad de mandato pone en juego otras disputas y, en particular en este año, la fijación por el resultado que se obtenga es mayor. Principalmente, por la desintegración del sistema político argentino. (…)
En la provincia, Osvaldo Jaldo recalcula la campaña. La irrupción del posmanzurismo lo obliga a afrontar una elección con mayor resistencia interna que la acostumbrada para un gobernador peronista en una provincia netamente justicialista. Sabe que su acercamiento a Milei le permitió tener una mayor aceptación en sectores de la sociedad distantes al PJ, pero también es consciente de que exacerbó el enojo de una amplia franja del peronismo. Por eso se empecina en mostrar cohesión.
El gobernador necesita que funcione más que nunca el verticalismo del Partido Justicialista. En esa pulseada, los roles institucionales son determinantes. Desde fines del año pasado ha venido aceitando su relación con la intendenta de la capital, Rossana Chahla, atendiendo los planteos y pedidos del municipio. Lo propio ha hecho con el vicegobernador, Miguel Acevedo. A ambos, además, les dijo en más una ocasión que este año deben involucrarse directamente en la campaña. (…)".
Las redes sociales y la supuesta sedición
Volvamos a Noticias Argentinas:
"(...) La investigación fiscal sostiene que Morales lideraba un grupo denominado "Toda la Verdad", en el que se habrían coordinado campañas mediáticas contra el gobierno provincial.
Según los informes judiciales, Morales utilizó plataformas como TikTok, YouTube y WhatsApp para amplificar los reclamos policiales y habría administrado una cuenta de redes sociales desde la que se incitaba a los efectivos a organizarse y manifestarse contra las autoridades.
En la causa se incluyó el análisis de pagos y transferencias de dinero entre miembros del grupo, que tenían como objetivo financiar la contratación de un abogado para representar a los policías involucrados.
Desde sectores opositores y organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por la detención de Morales, especialmente por las condiciones en las que se encuentra.
Referentes políticos y judiciales advirtieron que Morales fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, incomunicado y sin contacto con su familia, lo que despierta dudas sobre el respeto a sus garantías procesales.
El caso sigue generando repercusiones y podría escalar a instancias judiciales nacionales e internacionales, si se comprueba que la detención vulneró derechos constitucionales."
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