En este marco, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, llamará telefónicamente a su colega brasileño Luiz Inacio Lula da Silva para tratar sobre la presencia de militares brasileños en la frontera con Salto del Guairá, a unos 600 kilómetros al noreste de Asunción, informó el jueves su jefe de gabinete.
Miguel López, en reunión con los periodistas en el palacio de Gobierno, aseguró que Lugo, además, "evaluará con el general retirado Luis Bareiro, ministro de Defensa; y con el canciller Alejandro Hamed, la presencia de militares en la frontera".
El funcionario hizo alusión a un pelotón del 17mo. regimiento de caballería mecanizada de Brasil, con sede en el poblado Amambai, estado de Mato Grosso Do Sul, que el miércoles pasado se instaló en el punto fronterizo Paineirinha, parte de un trozo de territorio en litigio diplomático desde 1874 por lo que es considerado "tierra de nadie".
Los paraguayos la consideran como parte de su territorio y lo mismo los brasileños.
Toda la situación de exclusión repercute directamente en la Argentina, a donde millones de paraguayos llegan en busca de oportunidades.
En Mendoza, por ejemplo, preocupa fuertemente a las autoridades la presencia de puestos de droga en casas usurpadas, en su mayoría por inmigrantes ilegales.
La comisión Especial contra el Narcotráfico se reunió esta semana con el jefe del departamento de Narcocriminalidad de la provincia para informar sobre los números que maneja sobre secuestros de estupefacientes en Mendoza.
Además, se convino sobre el trabajo conjunto que la comisión y el departamento llevarán a cabo a futuro en relación con las casas que han sido usurpadas barriadas godoycruceñas, en algunas de las cuales se venderían drogas ilegales.
Según informó Daniel Cassia (PJ), titular de la comisión, "los números que manejamos sobre secuestro de cocaína en la provincia son alarmantes".
Cassia explicó que en 2006 se secuestraron 3 kilos y medio de la sustancia, en 2007 la cifra se elevó a 8 kilos y en lo que va de 2008 se han secuestrado más de 50 kilos de cocaína.
"Esto nos da la pauta de que se está mejorando en la calidad de los operativos efectuados por Narcocriminalidad, pero también significa que en Mendoza está circulando mayor cantidad de cocaína" argumentó el diputado.
Por otro lado, en relación a las casas usurpadas en Godoy Cruz, la comisión contra el Narcotráfico brindó detalles a Yanzón y luego se le remitirá una copia de las denuncias que se realizarán ante la Justicia Federal y Provincial.
Dichas denuncias se harán luego de una serie de reuniones donde la comisión contra el Narcotráfico abordó la problemática de los vecinos que han visto sus casas usurpadas y la supuesta venta de estupefacientes en algunas de ellas.
El problema de las casas tomadas
Una entrevista publicada por el diario el Cronista a fines de octubre da cuenta del problema actual que se sufre en la ciudad de Buenos Aires con la toma de viviendas.
"Raúl Fernández Wagner es uno de los principales referentes en políticas habitacionales en Latinoamérica. Egresado de la Universidad de Mar del Plata y especialista en Tecnología de la Vivienda (Instituto Pesquisas Tecnológicas-SP-Brasil) y Candidato a Doctor en Vivienda y Urbanismo (Architectural Association Graduate School-Londres), ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional al análisis de la temática desde un enfoque integrador que no concibe la cuestión inmobiliaria como algo independiente del contexto político y social.
Situado en una postura fuertemente crítica respecto de la evolución política y económica que signó la Argentina desde 1976 a la fecha, el arquitecto cree que la tesitura en este período fue la falta de planificación y la intención de dejar en manos del mercado la asignación de los recursos habitacionales.
A la luz de la crisis financiera actual, que tuvo a su vez origen en la especulación inmobiliaria, el experto cree que no hay duda de que el modelo imperante se ha revelado incapaz de dar soluciones a las capas de ingresos medios y bajos de la población y que por consiguiente ya es hora de cambiar de paradigma.
¿Qué políticas se dirigieron a los sectores medios respecto del acceso al suelo y la vivienda, y cuál es la situación actual de estos sectores?
Los sectores medios y medios bajos en Argentina desde 1946 hasta 1976 vivieron un proceso que otorgó posibilidades de integración social y urbana, gracias a la política pública (estado del bienestar y modos de salario indirecto) y ciertas facilidades del mercado para el desarrollo de la economía popular. Un solo ejemplo: el Banco Hipotecario Nacional otorgó 390.000 créditos a estos sectores entre 1947 y 1957, es decir que abarcó al 10% de la población de entonces, pero si se cuentan los hogares con necesidades de viviendas nuevas, se llegó a cubrir el 18% de la demanda en solo 11 años.
Esto hoy no existe. El crédito es caro y restringido al sector ABC1 (apenas el 20% más rico de la población), no existe una política de suelos ni seguimiento ni control público de la dinámica del mercado de suelos y de inmuebles. No se pena con impuestos la vacancia ni la especulación.
En forma complementaria, el Estado judicializa el conflicto social y urbano que tiene lugar en torno a las condiciones en que se accede a la ciudad (mayoritariamente, del sector informal), como denota el aumento exponencial de los desalojos. En los 90, dos procesos clave profundizaron el
problema de acceso a la ciudad, configurando un territorio segregado y fragmentado: la privatización de los servicios urbanos y la "suburbanización de las elites", asociada a una nueva lógica de construcción de la ciudad.
En esa línea, ¿cuál es la política urbana y habitacional predominante y qué conflictos genera en relación a ese "derecho a la ciudad"?
Efectivamente, al fin de los loteos populares de los años ‘80 se le sumó en los ‘90 un proceso de encarecimiento del suelo en la periferia por las demandas de las urbanizaciones de las elites, que coincidió con la pauperización de la clase media y el aumento de la pobreza estructural.
Ello definió el escenario actual, donde no existe suelo accesible para más de dos tercios de la población. Población que sufre hacinamiento familiar (o allegamiento) y/o su única posibilidad de acceso a un espacio donde habitar es a través del mercado informal, el cual abarca desde loteos que se producen informalmente, ocupaciones, aumento de villas y asentamientos existentes, alquileres de cuartos en villas, casas tomadas, inquilinatos.
El Estado no ha formulado políticas en los últimos veinte años que retrotraigan estos procesos tanto sobre el mercado del suelo como sobre el mercado de materiales, viviendas vacantes, alquileres y/o crédito.
Mientras tanto, solamente construye viviendas "llave en mano" asociado a las empresas constructoras.
Esta estrecha actuación pública en lugar de resolver el problema genera nuevos. Diariamente, los medios dan cuenta de severos conflictos con tomas de tierras,los desalojos, los abusos en los alquileres, el crecimiento en las villas, los problemas ambientales en los asentamientos.
Ante la ausencia de políticas públicas dirigidas al mercado del suelo, ¿cómo surge y qué es lo que está postulando el Movimiento por la Reforma Urbana en Argentina?
El Movimiento por la Reforma Urbana (MRU) constituye un amplio colectivo integrado por organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, universidades públicas, organismos de estado en diferentes niveles, parlamentarios y organismos internacionales de hábitat y derechos.
El objetivo principal es contribuir al afianzamiento de la democracia propiciando una reforma del orden jurídico a fin de fortalecer una intervención pública en los procesos de uso, ocupación y parcelamiento del suelo urbano, lo cual será posible a través de la promoción de una reforma urbana comprometida con principios de inclusión socio-espacial y sustentabilidad ambiental.
El trabajo del MRU parte de la dolorosa constatación que el actual orden jurídico produce ciudades más injustas, con espacios de segregación y reproducción de la ilegalidad urbana, a causa del incentivo a la retención especulativa del suelo urbano, la degradación ambiental, los daños al patrimonio cultural, lo cual acelera la producción de asentamientos informales, esencialmente precarios.
Es fundamental considerar que la actual legislación privilegia los derechos individuales de propiedad inmobiliaria, subordinando las capacidades del Estado para crear un orden urbanístico que también exprese los intereses colectivos, y las necesidades ambientales.
Si bien nuestro país incorporó a la Constitución la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en el artículo 21 establece "la función social de la propiedad", todavía no es considerada en los fallos judiciales ni tampoco en las políticas públicas".
