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Otro funcionario K en la mira de la Justicia (y van...): Moreno, a declarar por irregularidades en el INdEC
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sea citado a prestar declaración indagatoria en la causa en que se investigan supuestas irregularidades en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC). De este modo, más funcionarios de Néstor Kirchner se encuentran en la mira de la Justicia, tras los recientes escándalos protagonizados por Felisa Miceli -con su sospechosa bolsa con dinero- y Romina Picolotti -con las denuncias por mal manejo de fondos-.
12 de julio de 2007 - 04:23
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Otro funcionario de Néstor Kirchner está en la mira de la Justicia. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sea citado a prestar declaración indagatoria en la causa en que se investigan supuestas irregularidades en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC).
Este pedido del fiscal se da en momentos en que la ministra de Economía, Felisa Miceli, y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, protagonizan sendos escándalos tras ser denunciadas ante la Justicia por una sospechosa bolsa con dinero y por irregularidades en la cartera que dirige, respectivamente.
Fuentes judiciales revelaron a la agencia DyN que la requisitoria de Moreno fue hecha al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva a cabo la investigación.
Stornelli viene investigando la intervención del INdEC, que comenzó en enero pasado, cuando el Gobierno nombró a Beatriz Paglieri como directora de Indices de Precios de Consumo —a cargo de la medición de la inflación—, en lugar de Graciela Bevacqua.
El fiscal incorporó al caso lo actuado por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, que a mediados de mayo pidió que el gobierno de Néstor Kirchner separara de sus cargos a Moreno y a Paglieri por presunta violación del secreto estadístico. Pero la petición de Garrido no era vinculante.
