Otra denuncia penal contra Javier Mieli (y van...)
El abogado de Derechos Humanos, Javier Garín, presentó hoy una denuncia penal contra Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por los delitos de "malversación de caudales públicos, peculado, incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad".
La causa, radicada en el Juzgado Federal Nro. 1 de la Dra. María Romilda Servini, pone el foco en la utilización de la flota presidencial y fondos estatales para una agenda privada ajena a los intereses del Estado argentino. Además, refuerza que para este año "se prevé duplicar los fondos presupuestados para viajes" al exterior.
“Los viajes al exterior significan considerables erogaciones que afectan al erario público y se dan de bruces con la pregonada austeridad presupuestaria que se invoca como ratio para toda clase de recortes y ajustes en perjuicio de diversos sectores de la sociedad argentina -jubilados, pacientes hospitalarios, personas con discapacidad, etcétera-", afirma la denuncia.
En este sentido, apuntó: "Pero lo más grave, desde el punto de vista de la tipicidad, es que se trataría del sistemático desvío de fondos públicos para fines particulares".
Según la presentación judicial, basada en datos oficiales y periodísticos, el mandatario muestra un nivel de ausentismo “inédito” en la sede de Gobierno.
- Récord de ausencia: a marzo de 2026, Milei habría sumado "196 días alejado de Balcarce 50".
- Logística millonaria: en poco más de dos años, "realizó 77 viajes y visitó 17 países".
La denuncia detalla, además, que "la mayoría de los traslados tuvieron como fin promover su figura en el exterior, dar entrevistas, recibir premios, participar en conferencias de tipo personal y llevar una agenda política sectorial" entre las facciones conocidas como 'ultraderecha´, la participación en eventos políticos no oficiales y eventos similares.
Garín sostiene que existe una "confusión inaceptable entre los intereses personales del Presidente y los del Estado", calificando este accionar no solo como un delito penal, sino como una amenaza directa al principio republicano.
"No se puede utilizar el dinero de los argentinos para hacer campaña a favor de figuras como Viktor Orbán o asistir a convenciones ideológicas. Esto viola la Ley de Ética Pública. Mientras se recortan medicamentos a jubilados y recursos a hospitales, el Gobierno desvía fondos para beneficio propio e incluso prevé duplicar el presupuesto de viajes para este año", afirmó el letrado
