Pero es, más que nada, también un fuerte llamado de atención sobre el Gobierno Nacional, que ha defendido a capa y espada la gestión de su aliado. Y específicamente es una derrota del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien fue hasta Formosa, hizo un recorrido por los centros de aismaliento, y pretendió dar por terminada la polémica afirmando -insólitamente- que en la provincia norteña no había "plan sistemático de violaciones a los derechos humanos" ni "centros clandestinos de detención", y redujo cualquier irregularidad a "una serie de hechos aislados".
El fallo unánime Corte dejó a Pietragalla completamente desacreditado en su autoridad como funcionario nacional del área. Ello explicaría una medida que se anunció este viernes desde su secretaría y que perseguiría recuperar algo de terreno tras haber quedado 'pedaleando en el aire'.
Se trata de una presentación de ante la justicia federal de Bariloche para que la secretaría de Pietragalla pueda ser querellante en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en noviembre de 2017, se informó en un comunicado.
A través de esta solicitud, Pietragalla busca "impulsar la investigación por la muerte del joven mapuche, que según las pericias que constan en el expediente, fue asesinado por una bala de un miembro del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, durante un operativo por un conflicto territorial", indicaron en el texto.
Cabe recordar que en su exposición en Formosa Pietragalla citó este hecho -ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri- con un ejemplo de violaciones a los derechos humanos para minimizar las denuncias sobre los centros de aislamiento en esa provincia.
Rafael Nahuel fue asesinado durante un operativo de fuerzas federales para liberar una zona tomada por el lof Lafken Huincul, un área cercana a Villa Mascardi que integraba el Parque nacional Nahuel Huapi. Una pericia conocida en enero comprobó que efectivamente la bala que terminó con la vida del joven de 22 años salió del arma de uno de los agentes que intervinieron, el cabo primero Sergio Guillermo Cavia.
Según explica la secretaría de Pietragalla, con la solicitud el Estado "busca dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional, contribuir a la búsqueda de Verdad y Justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos", puntualizaron las autoridades.
Del mismo modo, se pretende "evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos".
La pericia que determinó de cuál arma salió al disparo que mató a Nahuel se conoció hace más de 1 mes, incluso antes de la visita de Pietragalla a Formosa. Pero al secretario de Derechos Humanos -y militante de La Cámpora- le pareció conveniente recién ahora presentarse como querellante, justo un día después de decisión de la Corte que respaldó los interrogantes que el funcionario desechó sobre la política sanitaria de Gildo Insfrán.
