Ya no quedaba tiempo para realizar la preadjudicación, insistían muchos que aconsejaban la suspensión del procedimiento. Pero Ramón Lanús avanzó pese a la denuncia de violación del principio de concurrencia, entre otros agravios.
Su fundamento fue que los plazos obligan “por igual” a la administración y a los administrados. Con este argumento se decidió no responder punto por punto una impugnación en una conducta de desaliento del oferente 'no elegible', algo que podría resultar en una verdadera denegación de justicia.
En el interín, quedaron en evidencia procedimientos muy sospechosos de la gestión, los que seguramente serán motivo de investigación por la próxima jefatura de la AABE que designe el martes 10/12, el presidente Alberto Fernández.
También el próximo titular de la Oficina Anticorrupción, donde ha quedado radicada una denuncia contra una desprolijidad en la que serían cómplices oferentes y funcionarios públicos.
La oferente “Estación Rosedal SA”, son actuales ocupantes que detentan un convenio de ocupación hasta abril de 2020, fecha en que expiraba el contrato de concesión de Panter SA, y fue constituida el 14/10/2019:
Los accionistas:
> Emprendimientos Rio SA, de Roberto Pablo Fernández y Ernesto Melinsky, actuales detentadores del Arco 15 del Paseo de la Infanta (Melinsky es socio de Petty Peltenburg, que según versiones periodísticas tiene vínculos con la familia presidencial; Alejandro y Pablo Peltenburg, figuran como Directores Suplentes de Estación Rosedal SA).
> Broker SA, de Pablo Natalio Dabas, quien controla las siguientes sociedades sub concesionarias: Sabbores (Arcos 1 y 2); Fricase (arco 3); Gribiche (arcos 4 y 5), Nola (arco 6); Chori (arco 7).
> Delmalobo SA, de Eugenio Christian Klein y Rodrigo José Sueiro, accionistas de Obligado 7070 (Arco 12) y Jet Producciones (arco 15 A).
> Arcos Group SA, de Agustín Fernando Schlesinger, accionista de Commune (arco 9); Treptow (arco 10) y Coronita (arco 9).
> Los Arcos 17/18/19/20 cuyo subconcesionarios es Venidia, de Ernesto Melinsky y Emprendimientos Rio SA.
¿Ramón Lanús participó o alentó o toleró una asociación con fines cuestionables? Tema a investigar.
El Pliego de Bases y Condiciones estableció que el concesionario debía acordar con los actuales ocupantes y con los empleados que sí lo aceptaran, la cesión del personal que se encuentra prestando funciones en relación de dependencia, con antigüedad anterior al 01/03/2019. ¿Licitación a medida?
Esto aparece explícito hacia el final de la presentación de Enersite S.A., la competidora de Rosedal SA.
La denuncia señala que la Comisión Evaluadora no proporcionó a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de licitación, no emitiendo opinión fundada sobre los cuestionamiento administrativos, técnicos y económicos, o "la endeblez de la ecuación económico-financiera de Estación Rosedal S.A. y/o que intentan cumplimentar mediante la incorporación de documentos de dudosa autenticidad en su contenido y en violación a normas de orden público."
Por ese motivo, la competidora Enersite S.A. "solicita expresamente que se ponga en conocimiento de la AFIP y al Banco Central de la República Argentina tales documentos por violación a la Ley N°25.345, sin perjuicio de la denuncia que se formulará a los funcionarios de la AABE responsables de admitir la documentación referida en violación a una norma de orden público sobre prevención de la evasión fiscal".
En la solicitud de impugnación hay un par de afirmaciones muy relevantes:
> "Se proceda a poner en conocimiento de la AFIP y del Banco Central de la República Argentina, la violación denunciada a la Ley N°25.345 por falta de registración bancaria de los mutuos suscriptos por Broker SA, accionista de Estación Rosedal SA y ausencia de autorización alguna que habilite la transacción en los términos expuestos en la documentación, cuya autenticidad formal y sustancial se desconoce."
> La denuncia a Broker S.A., Pablo Natalio Dabas y Natalia Emilia Ohana; estos últimos firmantes en calidad de acreedores en los contratos de mutuo, y contra los funcionarios miembros de la Comisión Evaluadora.
