Esas salidas generaron una polémica no sólo entre el oficialismo y la oposición, sino también dentro del propio espacio político que gobierna a nivel nacional.
El enfrentamiento más claro fue entre el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y el exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.
Este jueves (30/4) intentó terciar en la polémica el diario oficialista Página/12 apuntando a las responsabilidades de la gestión de María Eugenia Vidal en materia carcelaria que habrían llevado a la situación actual de hacinamiento en los complejos penitenciarios.
Según Página/12 citando al gobierno de Axel Kicillof, "el gobierno de María Eugenia Vidal dejó una bomba en las cárceles. En cuatro años encarceló 13.000 personas, la mayoría de ellas por narcomenudeo, sin que construyera ninguna infraestructura para alojar a esos nuevos presos y presas".
“Semejante cuadro de situación convierte los establecimientos en grandes focos de contagio del coronavirus porque no hay distanciamiento posible”, concluye el matutino para fundamentar la salida de presos.
Es redundante la responsabilidad de la gestión de Vidal en la situación de las cárceles y el hacinamiento, pero es una situación que la administración de Kicillof no parece haber encarado a solucionar, ni tampoco el gobierno nacional, más allá de la pandemia que obligó a la cuarentena en marzo pasado.
Por caso, si se refiere a materia de infraestructura ante una población carcelaria calculada en menos de 50 mil personas en complejos preparados para mucho menor capacidad, tampoco se plantearon nuevas instalaciones para descongestionar las existentes ante los riesgos de contagio.
Antes de dictarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 18 de marzo Fernández prometió construir 8 hospitales de emergencia para afrontar el coronavirus. “Tenemos que aprovechar cada minuto para estar mejor preparados”, dijo.
“Además, vamos a construir 8 hospitales modulares de emergencia, porque tenemos que aprovechar cada minuto para estar mejor preparados”, agregó.
Para esas obras planteadas en 50 días el Ministerio de Obras Públicas recurrió a las Naciones Unidas para la licitación de cada hospital, que se hizo de forma exprés.
Entonces, ¿no se podría haber hecho algo similar en el tema carcelario?
Otra pregunta: ante la ampliación casi terminada de Marcos Paz para mudar Devoto, ¿por qué no se acelera esa obra y se empieza a habilitar por secciones y se va mudando a los internos con los protocolos correspondientes?
Pareciera que para el oficialismo es preferible que los jueces habiliten las salidas de los presos con los riesgos evidentes que esto conlleva para las víctimas y las extralimitaciones infaltables.
En el medio, el CELS de Horacio Verbitsky ya había advertido de la situación de las cárceles en un artículo publicado el 23/04 donde alerta: “La situación en las cárceles es extremadamente crítica. A la pandemia, que afecta a toda la sociedad de maneras desigualitarias, los lugares de encierro llegaron colapsados: la sobrepoblación significa que las personas privadas de la libertad no tienen camas para dormir, ni alimentación suficiente, ni atención médica. A esto, se agrega la persistencia de prácticas violentas, de discriminación y malos tratos a les detenides y a sus familiares. Las personas privadas de la libertad están al cuidado del Estado y necesitan de manera urgente una solución”.
Y reclama a las autoridades actuales: “Es indispensable que se implementen medidas generales para bajar el nivel de hacinamiento y sobrepoblación existente. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Procuración General y el Poder Ejecutivo tienen en sus manos la posibilidad de actuar de manera conjunta, integral y rápida para lograr que las medidas de contención del COVID-19 sean efectivas y para garantizar la protección de la salud y la dignidad de todas las personas privadas de la libertad”.
Una semana después de ese comunicado del Cels, y tras el motín del 24/4 en Devoto estalló la polémica por las salidas de los presos. El más claro defensor de esos permisos fue el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni que se cruzó públicamente con el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni. Pero misteriosamente el Cels no salió a respaldar a Zaffaroni y ahora lo deja solo en la primera línea de defensa a la salidas de los presos.
