Pero a pesar de la defensa que hace la gestión Macri del programa y de los temores de los beneficiarios, lo cierto es que actualmente hay una manipulación de los testigos entre la Policía, el Servicio Penitenciario Federal y la clase política. Además, se producen filtraciones sobre sus domicilios, nombres y otros datos que deberían estar bajo secreto.
El tema viene de la mano también de las escuchas judiciales, otra cuestión que produce dudas sobre su futuro en un gobierno de Alberto Fernández.
Sobre el maltrato a los testigos, el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue acusado por el caso de Ibar Pérez Corradi, detenido por tráfico de efedrina, que fue trasladado en octubre a declarar ante la Justicia con la ropa en mal estado. Denunció pasar hambre y haber sido mordido por un roedor.
Pérez Corradi dijo que desde el Gobierno “se enojaron” con él porque no dijo “cosas de Aníbal Fernández”, sobre la causa del triple crimen de General Rodríguez. Eso le valió malos tratos entre los que manifestó haber bajado quince kilos por una huelga de hambre, ya que la comida era “incomible” o la falta de medicación psiquiátrica, que debería tomar.
El programa de protección a testigos es un programa auxiliar de la Justicia que es solicitado por un oficial judicial cuando hay un testigo o un imputado colaborador cuya seguridad entra en riesgo por el aporte de sus declaraciones.
Hoy depende del Ministerio de Justicia, pero Macri lo traspasaría a la Justicia antes de irse. Lo haría mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y su destino sería la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal.
Sólo es cuestión de elegir el momento, ya que la medida será cuestionada por tomarse en medio de la transición y sin consulta previa con el presidente electo.
Según el diario La Nación, Garavano ya conversó el tema con algunos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales federales.
Y sumó el apoyo de la asociación civil Poder Ciudadano, cercana al PRO.
También hay un proyecto de la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), que se encuentra en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que establece que "resulta imperioso hacer una adecuación del programa con la expresa necesidad de evitar cualquier tipo de restricción o menoscabo a la seguridad de imputados y testigos en causas judiciales relevantes para el conjunto de la sociedad".
“En este contexto, la protección de testigos y arrepentidos no puede ser un instrumento en manos del Gobierno y la política, dado que de ese modo se abre un cause propicio al fracaso de cualquier intento de persecución judicial de las conductas ilegítimas", agrega la autora del proyecto.
El DNU de Macri ya estaría listo, ahora es cuestión de timing.
