Luego, el 20 de julio, Fabiola eligió pasar el Día del Amigo en tierra misionera y nuevamente utilizó una aeronave oficial para completar la travesía hasta Posadas durante ese mismo día.
Por otro lado, el 3 de agosto de 2020, la ex primera dama tomó un avión oficial en la base área de El Palomar para trasladarse hasta la capital misionera; el 12 de ese mismo mes nuevamente salió desde dicha aerostación militar rumbo a la citada capital pero el regreso a esa base se produjo el 17 de agosto; entre otros viajes, en su mayoría, a Misiones.
El último viaje informado de la pareja de Alberto Fernández da cuenta de un viaje a Mar del Plata en el día realizado el 5 de enero de 2023. Esa semana coincidió con el entonces primer mandatario en un descanso en la residencia presidencial de Chapadmalal.
Transparentar las actividades de la primera dama
Justamente, en febrero de este año ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley llamado “Régimen de transparencia del cónyuge presidencial”, que tiene por objetivo la rendición de cuentas y transparencia de las actividades “en representación del Poder Ejecutivo Nacional o propias y con sustento de fondos públicos que realice el cónyuge de la persona que se encuentre a cargo del Gobierno nacional”.
El proyecto lo presentó la diputada nacional Karina Banfi (UCR), quien al momento de presentar el proyecto argumentó: “Históricamente los cónyuges presidenciales han formado parte de la coyuntura política y social del Estado argentino y corresponde que tengan una agenda pública en lo que respecta a todas las actividades realizadas en representación del Poder Ejecutivo Nacional, y que rindan cuentas ante la ciudadanía cuando hacen uso del erario”.
Asimismo, Banfi explicó: “Presenté este proyecto, acompañada de diputados de Juntos por el Cambio, porque como el/la cónyuge presidencial no son funcionarios, cuando se le pide algún tipo de información, te dicen que no son ni sujetos obligados a la Ley de Ética Pública, ni sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública porque no tienen ninguna responsabilidad institucional. Mientras tanto, hacen y deshacen con la plata de todos los argentinos. Entonces, para terminar con esta arbitrariedad, presenté el proyecto”.
Desde el año 1999, Argentina cuenta con la Ley N°25.188 de Ética Pública que establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, incluyendo los deberes y pautas de comportamiento ético que deben regir a la función pública.
Asimismo, desde el año 2016, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública N°27.275. El acceso a la información pública obliga al gobierno a transparentar su gestión y rendir cuentas a la ciudadanía, y permite a la ciudadanía controlar a sus representantes y funcionarios públicos.
“El rol que fue representado históricamente por la “primera dama” no percibe un sueldo del Estado, pero hace usos de bienes que se sustentan con fondos públicos, como autos y helicópteros y otros privilegios presidenciales. Hay ‘primeras damas’ que han llegado a tener equipos de trabajo a su cargo. Además, cuenta con la asistencia de la Secretaría General de la Presidencia y es custodiada por la Casa Militar, según el decreto 50/2019”, argumentó la diputada Banfi.
Por último, consideró que “este vacío legal es un problema, por lo tanto, el objetivo de este proyecto refiere a la imperiosa necesidad de garantizar los estándares de transparencia de los actos de gobiernos y el acceso a la información pública que constituyen las bases del sistema democrático sobre los gastos y actividades que realizan los cónyuges de quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”, completó.
