En ese sentido, un informe de la PSA elevado a la Justicia destaca que Jatar Díaz, primer secretario de la embajada venezolana, estaba acompañado por un empleado de la ANAC, que le habría permitido el ingreso hasta el área restringida. “Estuvo demorado por unos minutos mientras se hacía la consulta con el juzgado”, explicó una fuente aeronáutica al portal Infobae.
De todos modos, en principio el raro episodio no tiene un impacto directo en la causa judicial que tramita en la Argentina. Ahora todo está en manos de la Cámara Federal de La Plata, que debe ratificar o revocar el decomiso.
Cabe recordar que en diciembre de 2023, la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, avaló el decomiso del avión iraní-venezolano. La decisión está en sintonía con lo que había solicitado el gobierno de los Estados Unidos. En ese dictamen, la Justicia resolvió: “Resulta importante subrayar que nos encontramos frente a un proceso de cooperación internacional, en el que no caben planteos respecto del fondo de la cuestión, los cuales deben formularse ante la autoridad judicial competente en el país requirente”.
“Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina”, sostuvo la fiscal y citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica que una decisión contraria podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia de represión del delito y el apartamiento del principio de buena fe que debe regir la actuación del Estado Nacional en virtud de tratados y otras fuentes de derecho internacional. De todos modos, apelaron el fallo y ahora decidirá la Cámara Federal de La Plata.
