El mismo artículo, sin embargo, cita una fuente oficial que insiste en que "lo que está es lo que dijo el Presidente”, remitiendo a lo que manifestó Milei tanto ante la Asamblea Legislativa como en la entrevista con LN+.
La iniciativa del DNU, no obstante, no se escribe en el aire. En una conferencia de prensa este mismo jueves, la vocera del FMI, Julie Kozak insinuó que el aval del parlamento argentino no era una condición para la puesta en marcha de un nuevo programa si bien consideró que “un amplio apoyo es clave" para su éxito.
Desde Washington, Kozack dijo: “quiero enfatizar que obtener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades según lo dispuesto en la legislación interna argentina”. Con ello descartó que se tratara de una condición impuesta por el Fondo.
Ese guiño, que vino a contradecir lo que afirmó Guillermo Francos (que sostuvo que el FMI "no permitiría" un acuerdo sin luz verde del Congreso), tuvo como repercusión horas más tarde la versión de que el Gobierno estudia implementar el acuerdo vía DNU.
De acuerdo a fuentes citadas por lanación.com, la manera de “sortear” el escollo que supone la “ley Guzmán” es que el acuerdo con el FMI en ciernes no se trata de un “nuevo endeudamiento”, sino de una “refinanciación” de deuda existente, en este caso de los “pasivos del Banco Central” que tiene el Tesoro nacional. Algo así como “pagar deuda vieja con deuda nueva”, según cita de otra fuente oficial, en relación a rumores que hablan de los cerca de U$S 20.000 millones que llegarían desde el organismo internacional de crédito.
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