Y por grupos de edad, sobresale la pobreza entre los menores de 17 años, que subió del 59,5% al 64,1% reflejando “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”.
Los datos son del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA relevados entre julio y octubre de este año y son los más altos de toda la serie que arranca en 2010. Corresponde a la "pobreza de ingresos" que surge de comparar los ingresos de los hogares con los valores de la canasta de indigencia y de pobreza.
Al presentar estos datos, Agustin Salvia, director del Observatorio dijo que la pandemia agravó una situación social y laboral que se fue agudizando a lo largo de toda la década.
“Las evidencias presentadas en este informe confirman que bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social”, explicó.
Salvia advirtió que “los números podrían ser peores” porque el relevamiento se hizo de manera telefónica, ya sea a números fijos o a celulares pero que cumplen la misma función, y en esa forma “existe un efecto de deseabilidad” por el cual, el entrevistado, brinda mejores datos sobre su situación de lo que realmente es, y que se puede percibir en una encuesta presencial.
Salvia explicó que entre los que están desocupados o con sub-empleo, la pobreza sube con mucha fuerza en los segmentos de trabajadores marginales e integrados y en el Conurbano Bonaerense. “Entre estos grupos, la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en el contexto de pandemia. La indigencia también aumenta, afectando más a los segmentos marginal e integrado de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense”.
El director del Observatorio señaló que el efecto COVID no fue “democrático”, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida”.
El Informe señala que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana. El efecto del IFE es el más sustantivo: 8,3 puntos incidió en reducir la indigencia y 6,4 puntos en la pobreza.
“El IFE habría sido la política con mayor impacto absoluto sobre las tasas de pobreza e indigencia, en comparación con las demás políticas de transferencias implementadas”, dice el Informe.
Una de las conclusiones de Salvia es que “durante los últimos años de la década, incluyendo el escenario COVID-19, los indicadores sociales muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y en la calidad del empleo no han disminuido sino que incluso parecen agravarse. La situación ha empobrecido aún más a un cada vez más extendido sector micro-informal de subsistencia (economía social) de muy baja productividad, precariedad y concentración urbana. Y si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, expresándose en mayores déficits y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. La segmentación social también opera sobre servicios públicos universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana”.
