El texto agregó que ese oficio "consigna que 'en atención a la innecesariedad de judicialización' y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas". Esa sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los Estados provinciales a proceder sin necesidad de judicializar el caso, justamente para evitar que las demoras procesales impidan el ejercicio del derecho a interrumpir el embarazo producido por una violación.
Finalmente, se realizó una aborto a través de una cesárea en la semana 23 de gestación. La doctora Cecilia Ousset, tocoginecóloga y uno de los médicos que estuvo en el quirófano, sostuvo que " nadie" quería realizar el aborto. Ella tuvo y su marido, médico también, trabajan en el sector privado, pero tuvieron que presentarse en el hospital porque ninguno de los médicos del sector público quiso hacerlo.
En el quirófano, el anestesista y la enfermera se declararon objetores de consciencia. Vino otro anestesista. No se podía realizar el ILE por vía vaginal porque "su cuerpo no estaba desarrollado". Ousset explicó que el embarazo era peligroso para la salud de la niña, que no hubiera llegado a los 8 meses.
“Cuando vi a la nena de 11 años que estaba jugando con unos juguetes de plástico en su cama, se me aflojaron las piernas”, relató la ginecóloga. "La niña tenía 17/12 de presión arterial, era una situación de emergencia. Para sacarle la ropa hubo que dormirla. Era imposible que sea por vía vaginal en ese cuerpito y en esa situación que había pasado con la edad gestacional de 23 semanas. Era imposible que continúe el embarazo porque la niña se iba a morir”, agregó.
"Mientras contenía a la niña, creía que la Jefa de Servicios iba a ayudar en la operación al doctor Gijena (su marido), pero nadie lo ayudó, ni siquiera la instrumentista. Todos se declararon en ese momento objetores de conciencia, con una niña de 11 años, con una alta presión arterial, violada, llorando, con su madre llorando a la par. Tuve que instrumentar a mi esposo y el anestesista de guardia también se declaró objetor de conciencia, y tuvo que venir un anestesista de la Maternidad", agregó, "todos estaban afuera chateando en las redes sociales y distorsionando lo que estaba pasando".
Por los riesgos en la salud de la víctima, el médico le practicó una microcesárea. Se extrajo un recién nacido vivo y lo entubaron en neonatología. Ahora, ella está fuera de peligro.
"La nena salió bien de la operación, pero está espantada. El recién nacido tiene una prematurez extrema, pero era algo que había que hacer. Lo importante era salvar la vida de la niña, que recordemos, había intentado un suicidio. Ahora, la niña tiene que estar atendida por un equipo interdisciplinario del Siprosa que incluya un trabajador social, psiquiatra infantil. Además debe haber un control post operatorio porque las pacientes menores a los 13 años tienen cuatro veces más posibilidades de morir en un embarazo que una mujer mayor de 15 años”, sostuvo Ousset.
“Hemos actuado más de lo que deberíamos haber hecho. Haber llegado a este punto es responsabilidad desde el gobernador hasta el último trabajador de la salud del hospital. ¿Por qué tienen que ir médicos del sector privado al público, cuando nosotros le pagamos los sueldos y tienen que hacer lo que dice la ley?”, cuestionó.
"Yo soy objetora, pero no obstaculizadora", agregó la médica, "y conozco las leyes". "También estoy a favor del aborto legal", agregó, "esta nena fue vulnerada y anoche casi fue vulnerada nuevamente".
"No se respetó el derecho a al salud y se pusieron obstáculos, dilatando una prestación médica lícita hasta que avance la edad gestacional y terminemos en lo que terminamos", expresó la abogada Soledad Deza, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, en diálogo con Todo Noticias (TN).
Además, agregó que la fiscal Adriana Giannonin, especializada en homicidios, "intervino sin competencia para inscribir como crimen en el imaginario de los profesionales de la salud una prestación médica que es lícita o, dicho de otra forma, para amedrentar. Hace más o menos dos semanas citó a los profesionales de la salud que estaban atendiendo a la niña en su despacho para decirles que no hagan la intervención porque iba a intervenir ella como homicidio".
