Por último, pidió la realización de una pericia contable sobre UGOFE, pero “también sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, fideicomisos dentro y fuera del país cuya titularidad sea atribuible a Gabriel Romero, Aldo Benito Roggio y a la totalidad de las sociedades vinculadas con los mismos” para conocer el destino de los subsidios estatales que recibieron los concesionarios por parte del Estado.
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Un punto importante de lo que solicitaron las víctimas está relacionado con la información de la causa que está difundiendo el Gobierno nacional para argumentar la teoría del sabotaje. En ese sentido se le reclamó al juez de la causa que se prohíba al Estado “revelar secretos” de la investigación judicial para “la preservación de la prueba y para impedir que su artera manipulación sea utilizada para mejorar la situación procesal de los imputados” y que de no ocurrir esto se lo denuncie al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien fue el encargado de mostrar los videos que recrean lo que supuestamente ocurrió antes del choque de trenes junto con la CNRT, que difundió fotos de la cabina del conductor que supuestamente aceleró para embestir su formación Chapa 1.