Cabe destacar que el remisero que habría confirmado ser el autor del homicidio de Tatiana tiene antecedentes penales por cuatro violaciones en Capital Federal, y luego de cumplir su condena se mudó a Chaco. Si existiera un Registro nacional de violaciones podría haber un mayor control sobre estas personas -la mayoría de las cuales reinciden en el delito- y así se evitarían muchas violaciones y muertes.
En 10 provincias argentinas y en Capital Federal existen actualmente registros de violadores. Pero es necesario contar con uno a nivel nacional.
El remisero acusado, Juan Ernesto Cabeza fue condenado en 1997 en Capital Federal a 16 años de prisión por tres violaciones a mujeres de entre 19 y 27 años, ocurridas en marzo de 1996. En todos los casos el hombre amenazó primero a sus víctimas con un arma para robarles, y luego las sometió en el asiento trasero del taxi que manejaba entonces.
Una sentencia por un cuarto caso prolongó la estadía de Cabezas en la cárcel. Pero tras cumplir la pena, recibió la libertad condicional a fines de septiembre y se mudó a Chaco.
“La Justicia en muchos casos comete actos muy negligentes”, dijo Mauro Flores, el subsecretario de Seguridad de Chaco, en referencia al remisero. También pidió a las empresas que tomen recaudos a la hora de contratar personal.
Desde el primer momento las autoridades indicaron que el cadáver hallado a tres kilómetros de Resistencia presentaba características similares a las de Kolodziez. No obstante, declinaron confirmarlo.
“Se trataría del cuerpo de la joven desaparecida”, dijo el fiscal Sabadini en conferencia de prensa, aunque precisó que esperan los resultados de los estudios de la autopsia para poder decirlo con certeza.
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Las primeras versiones indicaban que el hallazgo se habría producido a raíz del testimonio del remisero que la llevó, quien habría confesado ser el autor del homicidio. El hombre, de unos 52 años y que se encuentra detenido desde el sábado, tiene antecedentes penales por cuatro violaciones.
El fiscal contó, sin embargo, que se llegó al lugar gracias a un llamado anónimo que llegó a su oficina. Explicó, además, que tanto la señal de la antena del remís como la del teléfono celular de la víctima habían ayudado a dar con el sitio donde se encontraba el cuerpo.
Según precisó Sabadini, la carátula de causa por el momento en secuestro extorsivo -habría habido un pedido de rescate- seguido de muerte; la hipótesis de que fuera un caso de trata de personas perdió todo peso. La investigación apunta sin mayores dudas al remisero.
El cuerpo fue descubierto en una zona boscosa, cercana a algunos barrios privados, a un lado de un camino rural en las afueras de la capital provincial. Según reportes, estaba cubierto con ramas y presentaba signos de violencia. "Estaba en un estado deplorable", explicó Sabadini.
# Qué establece el proyecto de Registro nacional de violadores cajoneado en Diputados
El pasado 31 de agosto de 2011, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley que propone crear un Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual para colaborar en la investigación de delitos sexuales.
El registro de violadores tendrá por objetivo conseguir la individualización de los responsables de delitos sexuales para esclarecer los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal.
Incluirá el perfil de ADN de todos los condenados, así como rastros obtenidos en escenas de crímenes. Las personas condenadas por estos delitos deberán suministrar fotografías actualizadas y comunicar sus cambios de domicilio. Los datos son “de carácter reservado”, disponibles sólo para funcionarios judiciales en investigaciones específicas.
El proyecto puntualiza que “el registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad sexual”. La información que almacenará el registro es la proveniente de “muestra o evidencia biológica obtenida en una investigación criminal” y “de toda persona condenada con sentencia firme” por estos delitos.
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Respecto de los condenados, se incluirá también “fotografía actualizada” y “domicilio actual, para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe”.
Todos los datos “serán considerados sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministrados a miembros del Ministerio Público Fiscal, jueces y tribunales en el marco de una causa en la que se investiguen delitos contemplados en la presente ley”. Y “queda prohibida la utilización de muestras de ADN para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos previstos en esta ley”.
“La información sólo será dada de baja transcurridos cien años”, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.
Dicho organismo, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fue el resultado de consensuar tres proyectos presentados respectivamente por Miguel Pichetto, Sonia Escudero y el radical cordobés Ramón Mestre.
