Las familias mantienen el asentamiento con casillas de chapas, palos y nailon, en medio de un invierno con temperaturas por debajo de los 10 grados, por lo cual también reclaman asistencia oficial con abrigo y alimentos.
Por el momento, la jueza de Instrucción que entiende en la causa, Gabriela Aromí, confirmó en declaraciones a los medios que no habrá desalojo compulsivo con la Policía y ordenó actuaciones en el lugar con un comité de crisis y mediadores judiciales, además de censar a los "okupas", para intentar que se retiren del lugar sin la necesidad de reprimir.
La jueza dictó una medida cautelar que ordena impedir el ingreso de personas y materiales de construcción en la zona, para evitar que las familias inicien edificaciones para establecerse.
La funcionaria judicial sostuvo que el desalojo de los terrenos privados “es inminente” y los tiempos están atados al avance del expediente con la denuncia de las empresas.
Afirmó, además, que personalmente espera actuar en un marco de tranquilidad para evitar escenas de violencia. “Estamos ante una problemática social y la gente tiene intenciones de colaborar”, aseveró.
Este domingo 15/07, al ingresar a la zona de influencia, una guardia Policial vigilaba el ingreso a las 500 viviendas, primer tramo que comunica a los terrenos usurpados.
Los dispositivos de seguridad se ubicaron en el camino de tierra que nace desde la Ruta Nacional Nº12, que comprende unos 500 metros hasta llegar a los complejos habitacionales, en dos grupos integrados por dos efectivos cada uno.
Según el último censo nacional, Corrientes tiene casi 1 millón de habitantes de las cuales unas 150 mil personas se encuentran anotadas en el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) esperando recibir una casa del Estado.
En este contexto, la usurpación activó la polémica entre la gestión del gobrnador radical Ricardo Colombi y el kirchnerismo, la principal fuerza opositora, en una provincia que en las elecciones de 2013 renovará la gobernación.
Por un lado, la gestión de Colombi acusa al Frente para la Victoria de impulsar a los okupas a concretar la toma para complicar la imagen del Gobierno provincial, al tiempo que denuncia que la Nación mantiene retenidos desde 2010 los fondos del Plan Federal de Viviendas "por diferencias políticas".
El interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, Bernardo Rodríguez, dijo en declaraciones a la prensa que en los últimos dos años "los fondos recibidos no llegan ni a $10 millones de pesos en concepto del Plan Federal, mientras que Tucumán recibió $ 1.100 millones , y Misiones $ 600 millones al igual que Chaco".
"La verdad es que hay una discriminación muy grande de parte del Gobierno nacional a Corrientes", agregó el funcionario provincial.
Sin embargo, la diputada del kirchnerismo Sonia López, acusó a Colombi de ser "incapaz de al menos paliar la situación habitacional" y de oponerse a los proyectos que la oposición impulsa en la Legislatura provincial.
"Nuestra preocupación por el tema queda demostrada en el proyecto que presentamos para la creación del Fondo Provincial de la Vivienda y el relanzamiento de los programas de Viviendas Sociales; así como también pedidos de informe sobre el destino de los fondos del Instituto de Viviendas de Corrientes", dijo la legisladora.
López desmientió “categóricamente” estar involucrada en la instigación de la toma de terrenos en el barrio Pirayuí y haber estado en el lugar asistiendo con “mercaderías y colchones” a las personas instaladas en los predios
Un intendente suelto en Buenos Aires
La Justicia ya tomó cartas en el asunto tras la denuncia de las empresas propietarias de los terrenos, una de ellas curiosamente en conflicto con la comuna correntina, pero los usurpadores se aferran a una promesa que recibieron de quienes los llevaron al lugar y los están asistiendo por estas horas: “Va a venir Camau (por el intendente de la Capital Carlos Mauricio Espínola) y les va a solucionar el problema”, dijeron
Las aguas se agitaron aún más cuando una religiosa llegó desde San Cosme para apoyar a los okupas y tratar de calmar a los vecinos que denunciaron una serie de actos de inseguridad en la zona desde la ocupación de los terrenos. La hermana, increpada por los vecinos, terminó por admitir que quienes pretenden quedarse con terrenos en el lugar le dijeron que el intendente de la Capital los mandó a instalarse en el lugar.
Desde la semana pasada en que se produjo la toma de terrenos, el intendente Carlos Mauricio Espínola, no apareció por el barrio Pirayuí y otra vez prefirió estar en Buenos Aires para alejarse los reclamos.
Las coincidencias en las ausencias cuando ocurren temas álgidos para la comuna, son llamativamente sorprendente.
Cuando la Capital se despertó de la siesta al sentir los estruendos del derrumbe de un edificio sin autorizacion y sin control municipal, ocasionando la muerte de 8 operarios, "Camau " (Carlos Espíndola) estaba en Buenos Aires y no apareció hasta una semana después del hecho.
Tras enviar el pliego al concejo para proponer un nuevo aumento del boleto urbano, Camau una noche antes viajó a Buenos Aires.
Tras aprobarse el expediente que propuso el intendente y otorgaba el cuarto aumento del boleto de su administración a favor del monopolio ERSA, Camau otra vez estaba en Buenos Aires.
Cuando debió comparecer ante los estrados judiciales en calidad de imputado por la meurte de 8 operarios en una construcción sin autorizacion y sin control municipal, Camau una vez más se dejó esconder.
Cuando el intendente debió homologar el aumento del boleto urbano, tras la aprobación del Concejo, otra vez se fue de Corrientes pero esta vez a EEUU. Un día antes había dejado firmado la homologación para que se aumente el boleto.
Cuando una parte de la ciudad en el barrio Pirayuí amaneció invadida por okupas en terrenos privados, no solo que nadie de la municipalidad se dio por enterado, sino que otra vez más se lo vio a Camau sentado en Buenos Aires aplaudiendo a la presidente Cristina Fernández.
