El otro ítem que despertó críticas fue su aplicación. El texto establece plazos muy largos para que las empresas ofrezcan el ciento por ciento de sus modelos en los talles obligatorios: esto ocurrirá recién en seis años.
Así, la ley fijó cupos de abastecimiento para las firmas: las medianas y grandes deben empezar con el 25% de todos sus modelos para el primer año y sumarán ese mismo porcentual cada año. Para las compañías más chicas, el cronograma se estira dos años más.
La fundación Mujeres en Igualdad no descarta presentar un pedido de inconstitucionalidad. También un grupo de legisladores opositores, encabezados por Adriana Montes, pedirán su modificación, al igual que el autor de la norma, Facundo Di Filippo. “La reglamentación sólo ‘oscurece’ la ley. ¿Quién se va a acordar en 2018 de que se cumpla una ley aprobada en 2012?”, cuestionan desde la fundación.
En la Provincia, la ley ya entró en vigencia hace cinco años y no logra aplicarse. En los últimos meses se hicieron más de 1.000 infracciones a los locales del Gran Buenos Aires.
