Con camiones hidrantes, la policía y la Infantería acorraló a los manifestantes que arrojaban palos y piedras a los uniformados los que fueron inicialmente dispersados (ver notas relacionadas).
Los manifestantes reclaman algún tipo de compensación económica por su presencia en bases patagónicas durante el conflicto armado de 1982, mientras el Gobierno niega validez al reclamo y afirma que no les corresponde.
Tras la dura represión, el ministerio de Seguridad y Justicia que dirige Nilda Garré emitió un comunicado justificando el accionar de la Federal. En este sentido, consideró que los ex soldados que cortaron la 9 de Julio "recurren a la extorsión para tratar de lograr los mismos beneficios" que los veteranos. "No dejaron otra alternativa que la intervención policial para garantizar el derecho a la libre circulación", argumentaron desde la cartera de Seguridad.
A través de un comunicado, el ministerio cuestionó la actitud de los ex soldados que desde anoche cortaban la avenida 9 de Julio y esta mañana fueron desalojados por la Policía Federal y Gendarmería.
“Estos ex conscriptos reclaman un tratamiento especial en virtud de haber sido movilizados al sur con argumentos que le caben a toda la población de la Patagonia. Recurren a la extorsión para tratar de lograr los mismos beneficios que la Nación reconoce a quienes combatieron en el Teatro de Operaciones”, criticaron desde la cartera dirigida por Garré.
En ese sentido, explicaron que "el grupo (…) dice estar integrado por ex conscriptos movilizados al sur durante la Guerra de Malvinas, aunque no habrían estado en el teatro de operaciones ni están incluidos en las listas oficiales de veteranos de guerra".
