Burford Capital
El juicio estaba en manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar demandas de esta clase y conocido por la expropiación de la petrolera YPF.
En 2018, con la sentencia a su favor por US$ 320 millones, Burford decidió vendérselo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando y, desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.
En 2024 parecía que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar con la negociación de los términos y condiciones aprobados, tanto el monto de la deuda, como los intereses.
Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.
El juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, tiene sentencia; por aquellos días sonó como causa nacional:
Algunos detalles
Como señalamos, en 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de US$320 millones en compensación y casi US$3,5 millones en honorarios legales, con intereses corriendo hasta la cancelación total. El país intentó anular el fallo, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019 y le sumó más de un millón de dólares en costos y gastos de representación.
Sin poder para ejecutar sus propias sentencias
Cuando un país no paga, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena. En el caso de Argentina, el camino natural fue la corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C.
Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro.
La Argentina respondió pidiendo que la acción se desestimara por prescripción, pero la corte rechazó ese argumento: los jueces consideraron que los plazos invocados por la defensa “no son convincentes”.
El Estado apeló y ahora la Justicia de USA desestimó esa apelación y el país debe pagar.
Mecanismo adicional.
Si la Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar el pago, los beneficiarios del laudo pueden solicitar que les autorice a buscar activos soberanos argentinos en otros estados de Estados Unidos y a que esas jurisdicciones reconozcan las sentencias ya obtenidas. Eso es exactamente lo que Titan pidió: Que se le permita rastrear y ejecutar activos por todo el territorio estadounidense.
El activo más sensible es el colateral de los Bonos Brady depositado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Esos bonos tienen garantías depositadas en la Reserva Federal, y es precisamente la garantía la que Titan busca capturar. Lo que hace más llamativo el movimiento es el momento.
La Argentina cerró un acuerdo con otros dos fondos que también litigaban contra el país, Attestor y Bainbridge. Titan no solo no esperó, sino que busca establecer prioridad por encima de ese acuerdo reciente, ubicándose primero en la fila de acreedores.
Lo que en 2017 era un laudo de US$320 millones hoy asciende a US$390,9 millones por efecto de los intereses acumulados. El caso Titan es uno de varios frentes judiciales abiertos que enfrenta la Argentina en el exterior por laudos del Ciadi impagos.
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