Para exacerbar los ánimos universitarios, mientras Pettovello no dio respuesta a los reclamos del CIN, el Gobierno anunció una auditoría de 300 convenios con universidades donde buscan determinar incumplimientos de prestaciones. Se trata del principal y casi único argumento oficialista contra la marcha universitaria, la presunta cuestión de los gastos sin control de las universidades y la falta de controles.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revisará 306 convenios firmados en la gestión de Alberto Fernández. El objetivo es determinar si las dependencias del Estado recibieron las contraprestaciones a las que se comprometieron las casas de estudios como capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas, etc. Es decir, no será una auditoria sobre las universidades sino desde las dependencias estatales.
Según el portal TN, entre las casas de estudios contratadas se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza; General San Martín; UBA - Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.
Luego, la idea del Gobierno, además de presionar mediante las auditorias para tener un argumento para el recorte de fondos, es forzar un acuerdo con las universidades para que la Sigen controle cómo gastan los recursos que recibe.
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